Desde el pasado lunes 29 de julio, Venezuela evidenció una escalada en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado durante las manifestaciones de descontento popular por los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador a Nicolás Maduro de los comicios presidenciales llevados a cabo un día antes. La arremetida poselectoral del chavismo superó el máximo histórico de detenciones en el siglo XXI.
915 protestas ciudadanas fueron registradas en todo el país en apenas dos días (29 y 30 de julio) por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), de las cuales 138 fueron reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, conocidos como colectivos, en al menos 119 de ellas. Para el 3 de agosto, 6 días después del inicio de las manifestaciones, 21 personas habían sido asesinadas, todas por heridas de armas de fuego.
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A la fecha, se registra una cifra récord de detenciones por parte de policías, militares y colectivos en el contexto de la “Operación Tun Tun”, nombre de la campaña de detenciones masivas de manifestantes y opositores, las cuales han ocurrido mediante el uso desproporcionado e indiferenciado de la fuerza y con la implementación de armas de fuego de alto calibre, incluyendo munición letal o potencialmente letal.
Según datos de la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos en Venezuela aumentó a 1.780. De estos, 1.581 fueron detenidos a partir del 29 de julio. Sin embargo, esta cifra disminuyó el 2 de septiembre a 1.694 con la liberación de 86 adolescentes. De estos, 1.476 son hombres, 218; mujeres, 1.624; civiles, 156; militares, 1.666; adultos y 28 son adolescentes. Por su parte, Nicolás Maduro afirma que tras los resultados electorales, más de 2.400 personas fueron detenidas en todo el país.
En la larga lista de detenidos de forma arbitraria figuran manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos y personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
¿Por qué el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Maduro?
La madrugada del 29 de julio, el CNE proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de 6 años, con 51.20% de los votos, y con, supuestamente, 80% de las actas escrutadas. En ese mismo primer boletín, el CNE le dio el segundo lugar a Edmundo González Urrutia con 44,2%, todo esto sin publicar el escrutinio mesa por mesa, como exige la ley.
Al día de hoy, el Poder Electoral no ha publicado los resultados detallados por centro y mesa de votación. Políticos, testigos de la oposición y la comunidad internacional expresaron su indignación y denunciaron fraude. La población, por su parte, salió a protestar. El 30 de julio, la oposición defendió el triunfo de Edmundo González y publicó las copias de las actas de votación, la última actualización del escrutinio fue el 5 de agosto con 83,50% de las actas. Según esto, Maduro obtuvo 3.316.142 de votos y González 7.303.480.
“Lo que ha ocurrido después del 28 de julio es la continuidad de una política sistemática de persecución a disidentes y a quienes se percibe como disidentes, que empezó en 2014 y es lo que precisamente está investigando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el crimen de lesa humanidad de persecución en Venezuela. Estamos ante una continuidad que ha tenido como momentos fundamentales la represión en 2014, después en 2017, luego en 2019 y esta situación extraordinaria de 2024. Y digo extraordinaria porque desde el golpe de estado a Salvador Allende, en 1973, por Augusto Pinochet, no se había visto en América Latina un nivel de represión como la desatada los primeros siete días desde el 28 de julio en la noche, donde hubo no solo masivas detenciones sino el uso arbitrario e indiscriminado de la Ley contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio, que afecta no solo a adultos sino también a adolescentes, a quienes se les aplicó la Ley contra el Terrorismo”, explica Marino Alvarado, coordinador legal de Provea.
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Provea ha afirmado de forma reiterada que cada ciclo importante de protestas en Venezuela ha tenido como correlato el ascenso de la represión mediante el reforzamiento de los mecanismos de control y judicialización de las mismas.
En esta ocasión, sostienen, para procesar e imputar a los detenidos, se sumó la masificación de la persecución política contra toda la ciudadanía, y el uso de la Ley contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio, la cual emplea conceptos vagos y definiciones imprecisas que permiten sanciones administrativas y penales desproporcionadas, dejando amplio margen a la discrecionalidad estatal.
Alvarado ve con preocupación el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública y el uso de grupos paramilitares pro gobierno contra la protesta, el aislamiento de todos los presos, quienes no pudieron ser visitados por sus familiares, la imposición de abogados públicos a los detenidos y el saldo de 25 personas fallecidas.
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“No es descartable que por la investigación de los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional se pudieran dictar órdenes de captura u órdenes de comparecencia a los más altos funcionarios del Estado venezolano que han estado al mando de la represión y que por la manera como se ha dirigido esta situación represiva están identificados. Pero además, ya la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, en sus informes ha identificado los presuntos responsables de los crímenes, que son los que siguen actuando en 2024”, dice.
Alvarado explica que a todos los detenidos se les puede calificar como presos políticos porque son víctimas de la aplicación indiscriminada de la Ley contra el Terrorismo y víctimas de una abierta violación al derecho a la defensa y al debido proceso.
Ley antifascista en Venezuela
En el escenario de las protestas, el gobierno, representado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aprobó el inicio de un proceso de consulta pública sobre la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones similares en todo el país, con el propósito de condenar al “ciberfascimo contra el pueblo”. El debate se centró en la manera en que se pueden regular las redes sociales. Este proyecto de ley antifascista se presenta como una continuación de la ley contra el odio y se caracteriza por su naturaleza restrictiva y su impacto potencial en los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela.
Mariano asegura que el gobierno continúa creando un marco jurídico que le dé sustento legal a la represión, por ello ya no le basta la Ley contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio, sino que avanzó en la ley para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y ahora pretende, con la denominada ley contra el fascismo, perseguir a cualquier persona que por cualquier vía, incluso las más pacíficas, critique la gestión de gobierno, realice alguna denuncia de abuso de poder, cuestiones algún acto de corrupción y señale a algún funcionario público por prácticas contrarias a la Constitución y a la ley.
Ella es Victoria Morillo, tiene 16 años. Dedicada a la música, al modelaje, al estudio. Tiene muchos sueños, quiere un buen futuro.
Fue secuestrada por agentes de la dictadura en Altamira el 29 de Julio, casi ya un mes. #Venezuela pic.twitter.com/0xb4ID50Xl
— Danibett Zuniga (@DZunigaT51) August 29, 2024
“En definitiva, se trata de profundizar el cerco a cualquier opinión disidente en Venezuela y cualquier empeño de las personas en defender sus derechos. Esto terminará afectando no solo a activistas políticos sino también a dirigentes sociales y a cualquier persona que desde una comunidad denuncie hechos arbitrarios y alce la voz para reclamar derechos y exigir mejora en los servicios públicos. Aquí todos entramos en un estado de sospecha porque lo que ha venido imponiendo el gobierno es que toda persona se presume culpable y a partir de ese criterio, de que toda persona se presume culpable, absolutamente todos estamos en riesgo de ser privados de nuestra libertad por actos arbitrarios de funcionarios policiales y militares”, señala.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, concuerda con Alvarado y asegura que el régimen de Maduro ya no puede soportarse ni siquiera como un régimen de profundo modelo autoritario, porque ya no le alcanza la camisa de fuerza.
“Esto viene ocurriendo desde cuando Chávez. A Chávez llegó un momento que la camisa democrática ya no le servía y para eso planteó la reforma de 2007, que pierde, pero que luego la va implementando a través de leyes habilitantes. En Venezuela ha venido ocurriendo un progresivo desmantelamiento de las instituciones públicas, como contrapeso, para evitar las tiranías, el despotismo y la autocracia, estamos viendo a un gobierno que para sostenerse, ya no le alcanza ser autoritario, sino que tiene que ir a un nivel más, que es ir hacia un modelo más hegemónico, más totalitario. Entonces, debe recurrir a una detención violenta, arbitraria, desapariciones forzadas y persecución política. El régimen está sembrando terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder”, afirma.
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Murillo explica que los abusos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades venezolanas son avalados e instalados desde las más altas esferas del poder, incluyendo la Fiscalía y los tribunales.
“Este proceso electoral albergaba la esperanza de abrir las puertas a un proceso de reconciliación, de restauración de nuestro sistema de libertades y de reconstrucción de la democracia. Lo que vino después del anuncio de los resultados es lo que hemos llamado un nivel de alta represión y de persecución política, que en esta vez lo hemos visto de forma generalizada, es decir, no solamente está orientado hacia un sector de la población, sino en crear un clima de terror generalizado, en toda la población, y eso es lo que explica, en buena medida, el alto número de detenciones arbitrarias que hemos tenido en este contexto poselectoral”, señala.
En Provea, continúa Murillo, realizan un balance de forma cualitativa, y otro de manera cuantitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, explica, el número de detenciones, sólo en 15 días, del 29 de julio en adelante, en cuanto a tiempo y velocidad con la que ocurrieron, se equiparan con los 3 meses de intensas protestas en 2017, año del último ciclo de protestas intenso en el país.
A partir de esa fecha, Venezuela registró también la cifra más elevada de fallecidos en expresiones de protestas en conflictos políticos en breve tiempo.
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“Desde el punto de vista cuantitativo, estamos hablando de cifras récord de represión; de la profundización de la persecución política como parte del repertorio represivo del gobierno, y esto se explica en el sentido de cómo el gobierno, ante la decisión política, tiene que desconocer los resultados electorales. Hay serias denuncias que avalan el fraude electoral, pero para mantenerse en el poder, el gobierno ha tenido que ampliar la violencia institucional, la represión en sus dos modalidades: represión masiva los primeros días, y represión selectiva en los siguientes días. Todavía se mantiene esa táctica de represión selectiva, que es agarrar detenido arbitrariamente a una persona de un sector para generar esa inquietud, preocupación, en un entorno que puede ser periodístico, gremial, del movimiento político, del activismo político, del activismo de derechos humanos, para inhibir, para generar silencio alrededor de ese entorno”, dice.
El también profesor universitario sostiene que un panorama muy oscuro para la comunidad internacional es el control absoluto de los poderes públicos, como sucede en el país, donde el gobierno controla el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Electoral y, juntos, cierran filas alrededor de un único propósito: la permanencia del actual gobierno en el poder.
Provea califica el alto número de detenciones realizadas, en tan corto tiempo, como uno de los episodios más oscuros en América Latina en materia de violaciones de derechos humanos.
“Lo que fue el tema de las detenciones y el discurso para generar terror en la población es comparable con lo que pasó en Chile tras el golpe de Augusto Pinochet. Hay aberraciones, tácticas, estrategias en materia de derechos humanos que han vivido los nicaragüenses y los cubanos que, por respeto a lo que han sufrido, y lo que han vivido, evitaría comparaciones. Sin duda, los números nos dicen que hemos estado registrando uno de los episodios más oscuros en América latina en materia de derechos humanos”, agrega.
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Murillo explica que desde el punto de vista político ya esta deriva totalitaria que se ve por parte de Maduro y de los sectores que lo sostienen en el poder, el mensaje parece inclinarse al ejemplo de que si Ortega logró posicionarse a fuerza de terror, deteniendo a opositores, silenciando las ONG, cerrando medios de comunicación, confiscando bienes, él también puede. Pero, considera, esto se está pareciendo más a un modelo de los países satélites de la Unión Soviética.
Resalta, asimismo, el terrorismo del que tanto habla Maduro y dice que es parte de la propaganda rusa. “Aquí se está utilizando el fascismo. Anteriormente era el golpismo, eran los traidores de la patria, los apátridas. Hemos pasado por diferentes categorías que lo que hacen es profundizar este tema de la estigmatización que forma parte de la persecución por razones políticas, pero se utiliza esta estigmatización a la disidencia, es decir, todo aquel distinto pasa a ser llamado fascista. Es una situación nueva, porque en 2017 no hay personas ejecutadas extrajudicialmente que hayan sido calificadas como golpistas y conspiradoras mediante las redes sociales».
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Lo que sí es un elemento novedoso en la práctica, señala, es la institucionalización de las ejecuciones extrajudiciales que promueven los más altos funcionarios del gobierno. “Vimos al presidente Maduro anunciando el lanzamiento de una aplicación para denunciar, hostigar y perseguir a opositores o que aparenten serlo. Eso es una campaña de odio, de persecución y criminalización a todo aquel que piense diferente”
Maduro viola el estado de derecho
En Provea consideran que en las protestas, además del uso desproporcionado e indiferenciado de la fuerza con armas letales para controlar a los manifestantes, no hubo ninguna garantía para que los ciudadanos pudieran expresarse. Se evidenció más bien violación al debido proceso, la inviolabilidad del hogar, la anulación de pasaporte, la restricción de la movilización, prácticas que no son desconocidas, pero sí fueron más intensa y más violenta la represión, lo que constituye de facto una suspensión de las garantía constitucionales; una extinción del estado de derecho.
“En este momento, cualquier venezolano puede ser objeto de una detención arbitraria y no hay un organismo que haga contención a ello, es decir, debería ser la Fiscalía la que vigile, monitoree, la que preserve el estado de derecho en Venezuela, pero vemos cómo la Fiscalía se pone de lado del mensaje y la estigmatización que se hace desde el alto gobierno”, señala.
Lau, de 16 años, secuestrada en Carúpano por esbirros de la dictadura tras ser acusada por Nilsa López de Mata por publicación en redes. Sufrió daño cerebral y fue judicializada sin defensa. Es una de más de 100 menores rehenes de Maduro tras su derrota. LIBEREN A LOS NIÑOS #JAVU pic.twitter.com/YJ4dPh9nX5
— Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) August 22, 2024
Provea ha hecho acompañamiento a los familiares de las víctimas, orientándolos sobre cómo y dónde pueden estar las personas, qué puede llevar y qué no y en darle orientaciones clave en asambleas, para que puedan sopesar la situación ante la política de opacidad estatal donde han visto y certificado que ha habido traslado inconsulto de la familia, lo que representa una revictimización a la persona que fue detenida arbitrariamente. Murillo indicó que además del apoyo legal, le dan el respaldo moral y el soporte emocional para poder sobrellevar la situación tan dura como lo es el encarcelamiento injusto.
“Esta es una vieja práctica de criminalización de la protesta, aplican un kit de la criminalización que incluye detención, grado de incomunicación con los familiares, obstaculización de la defensa privada, y luego viene una medida cautelar que te deja sometida a un régimen de presentación y en algunos casos mayor, incluso te prohíben salir del país”,
Carlos Trapani, abogado, especialista en derechos del niño y coordinador general de Cecodap, resalta que los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, a asociarse, a reunirse e incluso a manifestar, por lo que esto no es un hecho irregular y no debería sorprender el hecho de que un adolescente pueda participar en alguna manifestación.
“¿Qué es lo que hemos visto en función al monitoreo? La forma de la detención. Hay un principio, que hay uso progresivo y diferenciado de la fuerza y en muchas de las detenciones se ha visto excesiva violencia, no solo física sino también psicológica, amedrentamiento hacia los adolescentes. Y sobre todo, especialmente, de sectores populares”, sostiene.
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El abogado resalta que se ha limitado y restringido la defensa privada y se ha impuesto la defensa pública, y actualmente se desconocen los términos de especialidad con que se está haciendo la defensa pública, el nivel de experticia, el compromiso, cómo se hace y cuál es la rendición de cuentas en función a la defensa.
“Es difícil saber cómo están llevando los abogados del Estado los procesos, porque no se tiene acceso al procedimiento como defensor privado, cosa que se pudiese observar. Y segundo, porque las familias tienen mucho miedo de denunciar y compartir lo que están viviendo”, señala.
¿Se puede imputar delito de terrorismo a un adolescente?
Trapani explica que para poder imputarle a un adolescente el delito de terrorismo, hay que ver si es funcional una investigación objetiva, legítima e imparcial para determinar si efectivamente se constituyó este delito, porque puede haber actos de bandalismo y daños a la propiedad, pero no precisamente ese daño representa el delito de terrorismo.
“Hay una jurisdicción especializada en adolescentes, no es un juez penal ordinal. Desde 2015, han creado tribunales de adolescentes con competencia en materia del terrorismo, habría que saber cuál es la experticia de esos tribunales, si hacen el procedimiento y el juzgamiento desde la mirada del adulto o con las particularidades propias del proceso penal de adolescente. La ley no te habla de esa jurisdicción. Debe haber un juez de responsabilidad penal, capacitado, que debería conocer cualquier tipo de delito que cometa el adolescente, no te habla de jueces por materia”, agrega.
Las autoridades venezolanas, indica, no han hecho un balance sobre la situación de los adolescentes detenidos: dónde están, cuántos son, por qué tipo de delito, cómo es la distribución por sexo, cómo ha sido el proceso de comunicación con la familia, si los adolescentes han sido trasladados de un estado a otro, cuál es la razón, por qué se ha trasladado, hay un tema de opacidad de información que hay una responsabilidad del Estado por no declarar de inmediato
“Al principio de las protestas, se sometieron al escarnio público y se señalaba a los adolescentes, a priori, que eran terroristas y ahí, evidentemente, están violando la presunción de inocencia, porque no se le puede señalar ningún delito hasta que no termine el proceso de investigación. Son muchas lagunas que hay”. dice.
La misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, establecida en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exigió al gobierno el cese de la represión y que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, argumentando que la feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, crearon un clima de temor generalizado.
Entre los elementos comunes en las detenciones se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
ONU pide liberación inmediata de los presos políticos
Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó preocupación por el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias, así como por el uso desproporcionado de la fuerza
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«Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación,» afirmó.
Türk pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para ellas. «El uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse», manifestó.
El alto comisionado dijo además que todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos. “Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país – en el interés de la cohesión social y el futuro del país. También me preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece ser un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país. Todo esto está exacerbando las tensiones y fragmentando aún más el tejido social de Venezuela. La comunidad internacional tiene un papel fundamental para promover un diálogo inclusivo, con los derechos humanos de todos los venezolanos en el centro. Como siempre, mi Oficina está dispuesta a apoyar», añadió el funcionario.
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