Por JOSÉ MELÉNDEZ – CORRESPONSAL
El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aparentó mostrar un guante de seda en 2023 para abrir diálogos directos e indirectos con las fuerzas opositoras venezolanas con mediación de Noruega y con Estados Unidos con Qatar como intermediario y para ganarse una bienvenida de alfombra roja en Brasil para reinsertarse a plenitud en la comunidad internacional.
Pero rumbo a los comicios presidenciales venezolanos, previstos para el segundo semestre de 2024, Maduro volvió a desenfundar sus puños de hierro y desató un nuevo capítulo de la represión del oficialismo contra la oposición y las organizaciones independientes y no estatales que marcó al régimen de Caracas al menos desde 2014.
Al resurgir con intensidad el acoso a los opositores en 2024 y, según fuentes privadas, con unos 36 arrestos en un panorama que remitió a la violenta represión que empezó en 2014, Maduro advirtió el 4 de febrero anterior que “por las buenas o por las malas” ganará las elecciones como candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La crisis volvió a detonar el viernes pasado con la detención de la abogada Rocío San Miguel Sosa, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa, experta en asuntos militares y activista de derechos humanos.
San Miguel, su hija (Miranda Díaz San Miguel), su exesposo (Víctor Díaz Paruta), sus hermanos (Miguel Ángel y Alberto San Miguel) y su excompañero sentimental (Alejandro González Canales) fueron detenidos el viernes en una batida de Maduro al acusarlos de una supuesta conspiración, llamada Brazalete Blanco, para asesinar al mandatario. La defensa legal de la abogada rechazó las acusaciones.
La captura de la activista se registró en el aeropuerto internacional de Caracas cuando se disponía a viajar al exterior y tampoco fue sorpresiva, ya que Maduro la convirtió en blanco de sus presiones al menos desde el primero de diciembre de 2023.
El lío atizó el deterioro democrático de Venezuela y se sumó al conflicto que resurgió el 26 de enero de este año, cuando Maduro ratificó que la candidata a la presidencia de ese país por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la derechista María Corina Machado, quedó inhabilitada hasta 2036 para aspirar a cargos de elección popular.
Castigada por apoyar las represalias económicas que Estados Unidos impuso a Maduro de 2014 a 2017 al acusarlo de violentar el orden democrático y violar los derechos humanos, Machado quedó impedida de participar en los comicios de este año, aunque fue escogida en elecciones primarias en octubre de 2023 como candidata de la PUD, principal bloque opositor venezolano. Machado se posicionó como favorita para derrotar a Maduro, según diferentes estudios.
Maduro siempre rechazó los ataques de Estados Unidos y los atribuyó un plan de Washington y de los opositores con una “guerra económica” para derrocar a la revolución socialista que se empezó a instalar en 1995 y llegó el 2 de este mes a 25 años.
Aislado desde 2019 al desconocerse la legitimidad de su reelección en 2018, el gobernante fue llevado en 2023 por el presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a su reinserción internacional. Lula ignoró las denuncias contra Maduro de violar los derechos humanos, lo defendió en Brasilia como “visitante distinguido” y reprochó la “narrativa que decía que (Maduro) era antidemocrático y autoritario”.
El régimen venezolano aseguró este año que desbarató o neutralizó cinco conjuras para asesinar a Maduro en las que estarían involucrados militares, activistas de derechos humanos y periodistas, entre otros.
El Ministerio Público (Fiscalía General) de Venezuela —leal a Maduro— reveló ayer que anteanoche, en “estricto apego” a los derechos humanos y las garantías constitucionales, se realizó en un tribunal venezolano la audiencia para los San Miguel, González y Díaz.
Por “investigaciones preliminares”, los seis están “presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco”, por lo que la Fiscalía pidió en la audiencia imponer prisión preventiva a la abogada “por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, precisó.
La Fiscalía solicitó cárcel preventiva para González por los supuestos delitos de revelar secretos políticos y militares de la seguridad de Venezuela, obstruir la administración de justicia y asociación. Para los cuatro restantes se pidió la obligación de presentarse periódicamente al tribunal y ayer fueron liberados.
La abogada quedó presa en una cárcel caraqueña del aparato de inteligencia nacional y González en una de la contrainteligencia militar en un municipio vecino de Caracas.
Al denunciar “una feroz campaña” externa contra el sistema de justicia y el Estado venezolano, el Ministerio fustigó a los sectores que menospreciaron a las instituciones democráticas de ese país y “han amparado (…) los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de occidente”.
Estados Unidos y la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas para Venezuela mostraron ayer profunda preocupación por los seis arrestos. Maduro “tiene que cumplir” con los compromisos, exhortó la Casa Blanca, al aludir al pacto que oficialistas y opositores firmaron el 17 de octubre de 2023, con mediación de Noruega en la isla caribeña de Barbados, para garantizar comicios presidenciales libres y honestos.
Luego de que se suscribió ese documento en un entorno de aparente flexibilidad de Maduro, al día siguiente, y con Qatar de mediador, Estados Unidos flexibilizó las sanciones económicas. Pero tras la inhabilitación a Machado, Estados Unidos comenzó el 29 de enero a reactivarlas, lanzó un ultimátum a Maduro para que siga los acuerdos de Barbados y anunció que en abril próximo revisará sus nexos con Venezuela para decidir si le reimpone las medidas punitivas.
Maduro alegó que el lío con Machado quedó cerrado como cosa juzgada.
“En Venezuela el aumento de la represión es profundamente preocupante”, afirmó la abogada venezolana Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por siglas en inglés), institución no estatal de EU sobre la defensa de los derechos humanos en la zona.
“Rocío San Miguel fue detenida el viernes pasado y nadie sabe dónde se encuentra. Se trata de una desaparición forzada lo cual representa un crimen grave bajo estándares de derecho internacional. Venezuela es el único país de la zona con una investigación abierta en la Corte Penal Internacional” en 2021 por crímenes de lesa humanidad, dijo Dib a El Universal.
Al momento de que Dib conversó con este diario en la tarde de este martes, todavía se desconocía el paradero de la activista y luego se confirmó que está encarcelada en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede El Helicoide, en el centro de Caracas.
“Todo esto ocurre en contexto electoral. (…) Desde WOLA creemos en la importancia del acuerdo de Barbados, de mantener el diálogo, en el reconocimiento entre venezolanos y en la reconciliación. Mi última conversación con Rocío San Miguel fue justamente sobre cómo encontrar espacios para la reconciliación. Defender derechos humanos no es un delito”, recalcó.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de derechos humanos, y el (no estatal) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, de Venezuela, exigieron la inmediata e incondicional liberación de San Miguel y sus allegados.
AI demandó “protección ante los malos tratos y tortura” y “respeto a la integridad física y psicológica” de la abogada y de los demás detenidos. Foro Penal, organización no estatal de defensa de los derechos humanos de Venezuela, contabilizó 260 presos políticos entre militares y civiles al cierre de enero de 2024 en ese país, con 275 al primero de diciembre de 2023.