La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, fundadora de la ONG Provea, denunció la criminalización de venezolanos con el envío de más de 200 migrantes de Estados Unidos a El Salvador, por orden del presidente Donald Trump.
En el país centroamericano, los deportados están encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad donde están detenidos miles de hombres acusados de pertenecer a pandillas peligrosas como la Mara Salvatrucha.
«En materia de derechos humano es un exabrupto. Se está violando el principio de no discriminación porque se estigmatiza a nacionales de un país determinado para criminalizarlos y justificar una detención arbitraria que sigue por una expulsión», dijo Bolívar a Correo del Caroní.
Según denunció, el traslado de los venezolanos se ha basado en la presunta vinculación con el Tren de Aragua, sin que existan pruebas que sustenten esta acusación. Los argumentos comunes de las autoridades estadounidenses es que los migrantes tienen tatuajes que consideran los vinculan con la banda criminal, designada por Estados Unidos como una organización terrorista, y sus publicaciones en sus redes sociales.
Donald Trump le «declaró la guerra» a los venezolanos
Bolívar alertó que este tipo de acciones sientan un precedente peligroso y violan principios fundamentales del derecho internacional.
Ligia Bolívar. Foto: Archivo
«Esto no se puede llamar deportación, las deportaciones tienen formalidades. Aquí no hay formalidad, es una cacería donde las personas son expulsadas sin debido proceso», expresó.
«De pronto Trump decide declararle la guerra a una nacionalidad. Esto tiene consecuencias gravísimas en términos de derechos humanos. Se trata de personas que el mismo gobierno reconoció que no tenían información específica sobre si cada una de esas personas de manera individual hubiese cometido delitos en ese país o que tengan un récord criminal en ese país. Alegan que podrían significar un riesgo a futuro», expresó.
La especialista destacó que la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y El Salvador agrava la situación porque los afectados no cuentan con representación consular que pueda velar por sus derechos en territorio salvadoreño.
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