Las violaciones de los derechos humanos prosiguen en el llamado Arco Minero del Orinoco, una zona de Venezuela rica en oro y otros minerales que grupos criminales controlan en buena parte y que ha sido militarizada por el ejército, indicó este martes la ONU.
Una misión internacional creada para investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela dijo este martes que, a pesar de la presencia militar, los grupos armados operan abiertamente y controlan minas y poblaciones, a las que someten a diversos abusos, que van desde asesinatos hasta explotación sexual de mujeres y niñas.
Según un informe presentado este martes por esa misión investigadora, el gobierno no solo no han hecho nada para prevenir o detener estos abusos, sino que agentes gubernamentales y de las bandas criminales actuarían en complicidad en algunas zonas del estado de Bolívar donde se encuentra el Arco Minero del Orinoco.
El gobierno de Nicolás Maduro creó esta zona de «desarrollo estratégico» en 2016 con la intención de ampliar su control sobre la extracción minera y compensar la crisis de su industria petrolera, pero la medida atrajo una migración masiva y a grupos armados que han terminado siendo los que dominan.
El informe de la misión, que será presentado el próximo lunes al Consejo de Derechos Humanos, profundiza en crímenes de lesa humanidad de los que acusa a los servicios de inteligencia militar y policial, así como en la situación del Arco Minero, donde ya había detectado una problemática muy grave en el pasado reciente.
Según la investigación, las fuerzas del Estado atacaron en el municipio de Gran Sabana a poblaciones indígenas y perpetraron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, lo que muestra que la violencia en Venezuela afecta a las zonas más remotas del país y olvidadas -salvo para la extracción minera- por las autoridades nacionales.
Asimismo, se enfatiza que las actividades económicas en esa zona han creado oportunidades para que personas cercanas al poder se enriquezcan, en particular los miembros de la cúpula militar y política.
«Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos entre ellos o con las autoridades», indica la misión, que también ha reportado la presencia del grupo guerrillero colombiano ELN.
Además, se denuncia que la violencia de género y la explotación sexual es común en el estado de Bolívar, donde mujeres y niñas en ocasiones son obligadas a mantener relaciones sexuales mediante amenazas y acoso de todo tipo, una práctica que es promovida por los grupos criminales.
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