CIJ Guyana Esequibo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará la próxima semana las audiencias públicas en el caso de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, luego de que este último país solicitó medidas provisionales para que el gobierno venezolano no proceda con un referendo consultivo.

“La CIJ celebrará audiencias públicas en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899”, precisa una nota de prensa de la corte de La Haya divulgada este jueves.

Y agrega: «Los miembros del cuerpo diplomático que ya se habían registrado para asistir al alegato oral de Venezuela, inicialmente prevista para el 14 de noviembre, ha sido reinscrita automáticamente para la audiencia prevista ahora para el miércoles 15 de noviembre».

Guyana solicitó medidas a la CIJ

La audiencia de Guyana será el 14 de noviembre y la de Venezuela el 15 de noviembre.

La nota precisa que el 30 de octubre Guyana presentó la solicitud de medidas provisionales por considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la corte se pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido.

“Según el demandante, el objetivo de este referendo es obtener respuestas que respalden la decisión de Venezuela de abandonar el actual procedimiento ante la Corte, y recurrir en cambio a medidas unilaterales para resolver la controversia con Guyana anexando e integrando formalmente a Venezuela todo el territorio en cuestión”, expone la CIJ.

 

Esta semana, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de una “barbarie” la solicitud de Guyana y acusó al gobierno de ese país de violentar la Constitución venezolana, la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional.

La histórica controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, zona rica en recursos naturales, escaló en semanas recientes luego de que el gobierno de Maduro rechazó una licitación petrolera que llevó a cabo Guyana, argumentando que las áreas costeras están en disputa y por lo tanto las empresas a las que se les adjudique no tendrían derecho de explorarlas.

 


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