El abogado Joel García advirtió este jueves que no hay manera de impedir que el régimen de Nicolás Maduro ejecute el traslado de los presos políticos a las cárceles comunes, como se oficializó en la Gaceta Oficial N° 42.125, con fecha del 12 de mayo de este año.
Explicó, durante una entrevista con el periodista Román Lozinski para Circuito Éxitos, que la ley establece que esos deben ser los lugares de reclusión y no las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y otros organismos estatales.
“Es lo que establece la norma. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que estaban en la Dgcim y en el Sebin. Eso no existe. No hay forma de detener el traslado, y ya está en decreto presidencial”, manifestó el abogado, que ha estado a cargo de los casos de varios dirigentes de oposición procesados judicialmente.
El problema de esta situación, subrayó, radica en las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión, como la infraestructura, la escasez de agua, la insalubridad, y la pandemia de coronavirus. En el decreto, agregó, no se mencionó el artículo 272 de la Constitución de la República, que describe cómo debe funcionar el sistema carcelario.
“Se describe un sistema carcelario totalmente humanista; dice que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación y garantice sus derechos humanos. Para ello los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la coordinación de penitenciaristas profesionales, con credenciales académicas universitarias, y se regirá por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales y municipales. Eso no existe en la realidad y los derechos de los presos no existen”, expuso.
García aseguró que desde hace meses se ha registrado el traslado desde el Sebin y la Dgcim hacia cárceles comunes. También desde las sedes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Dijo que cualquier persona que llegue a un centro penitenciario en Venezuela arriesga su vida, su salud y su nutrición porque los centros penitenciarios lo menos que tienen es el desarrollo que se establece en la Constitución. En la cárcel de El Rodeo, indicó, hay hacinamiento total y escasez de agua.
“A veces llega una cisterna y es un tobo con agua para cada preso. La dieta que tienen es una arepa con dos cucharadas de granos, tres veces al día. Los presos que no tengan un familiar cerca que le pueda llevar comida caerán en desnutrición. En la visita tiene que tener bluyines y franelas blancas; y las mujeres con sandalias abiertas. Si deseas una visita conyugal tienes que pagar 30 dólares. No los están sacando al patio a tomar sol, la visita es una vez a la semana en flexibilización por una hora. Se paga por todo, por una llamada telefónica tienes que pagar”, señaló el abogado.
Advirtió el abogado que aumentará el hacinamiento debido a la gran cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. La organización Foro Penal contabilizó hasta el 20 de mayo que en el país hay 306 presos políticos: 284 hombres y 22 mujeres, cifra dividida entre 127 militares y 179 civiles.
“Eso va a ser horroroso”, manifestó García. Expuso que cualquier persona, una vez detenida, tiene que estar a la orden del Servicio Penitenciario. El juez debe ordenar su traslado a cualquiera de las cárceles nacionales.
“Pero en Venezuela los presos políticos prácticamente no están a la orden del juez, están a la orden de la Dgcim, del Sebin o de la FAES. Porque una vez que los aprehenden los presentan dentro de 48 horas en el tribunal y la persona está enterita, sanita. El juez lo ve y se lo llevan. La acusación viene dentro de 45 días siguientes y la audiencia preliminar 20 días después de esa acusación. ¿Qué sucede en ese ínterin que es incomunicado el preso desde que lo aprehenden hasta ese día que le hagan la audiencia preliminar? Interrogatorios, torturas, eso es lo que sucede en Venezuela. La Dgcim, el Sebin, el Cicpc y la FAES no tienen por qué tener detenidos. Ese es el deber ser”, planteó.