La ONG Defiende Venezuela y la Fundación InSight Crime presentaron un especial titulado “Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela. Historias de una comunidad violentada por las fuerzas de seguridad venezolanas”, el cual revela una serie de violaciones de derechos humanos cometidas durante la Operación Trueno, lanzada en abril de 2022 en Altagracia de Orituco y que contiene una novela gráfica y detalles de varios de los casos. La operación, que tuvo como objetivo desmantelar al grupo criminal Tren del Llano, resultó en graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad, afectando a decenas de residentes de la comunidad.
Este informe documenta prácticas ilegales y abusivas de las autoridades en la Operación Trueno. Estas incluyen allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y el uso de violencia física y psicológica contra los detenidos.
La investigación revela que, en 100% de los casos documentados, las detenciones y allanamientos se realizaron sin la debida autorización legal, lo que subraya un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos.
Además, el informe detalla numerosos testimonios individuales que ilustran la magnitud de los abusos. En muchos casos, las fuerzas de seguridad no sólo violaron los derechos de los detenidos, sino que también incurrieron en robos y extorsiones. En 55.88% de los casos, las víctimas reportaron robos de pertenencias durante los allanamientos.
El documento también expone la existencia de centros de tortura en propiedades privadas, donde se sometía a los detenidos a torturas y abusos. Vecinos de la comunidad informaron sobre actividades ilícitas en estos recintos, incluyendo la contratación de trabajadoras sexuales por parte de los agentes de seguridad.
“Operación Trueno”, una estrategia sin precedentes
Altagracia de Orituco es conocida por ser una base de operaciones del Tren del Llano, una organización criminal involucrada en actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios. La creciente influencia y presencia armada de este grupo generó una atmósfera de miedo y desconfianza entre los residentes locales, quienes se sentían cada vez más inseguros en su propio entorno.
Durante la Semana Santa de abril de 2022, la situación alcanzó un punto crítico cuando miembros del Tren del Llano se presentaron armados en un evento público en la comunidad. Este acto de intimidación masiva alarmó a los residentes y atrajo la atención de las autoridades nacionales, quienes vieron la necesidad urgente de tomar medidas drásticas para restablecer el orden y la seguridad en la región.
En respuesta, el 20 de abril de 2022, el gobierno venezolano lanzó la Operación Trueno, movilizando a diversas fuerzas de seguridad en un esfuerzo coordinado para desmantelar al Tren del Llano. Sin embargo, en lugar de mejorar la situación, esta operación resultó en numerosos abusos y violaciones de derechos humanos que afectaron gravemente a la comunidad local.
Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Dirección contra la Delincuencia Organizada (DCDO), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), establecieron numerosos puntos de control en la localidad. Según el primer reporte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, 24 presuntos terroristas fueron capturados, y se incautaron armas, municiones y vehículos.
A pesar de estos resultados iniciales, el despliegue masivo de las fuerzas de seguridad pronto degeneró en abusos y excesos. Testimonios de residentes revelan que las operaciones de registro y detención a menudo se llevaron a cabo sin órdenes judiciales y con una brutalidad innecesaria. Las fuerzas de seguridad emplearon tácticas intimidatorias que incluyeron el uso de fuerza excesiva, amenazas y agresiones físicas.
En este sentido, el informe de Defiende Venezuela y la Fundación InSight Crime destaca que, en muchos casos, las personas detenidas fueron acusadas falsamente de pertenecer al Tren del Llano, basándose en listas de supuestos criminales que se elaboraron sin evidencias concretas. Estas listas se convirtieron en una herramienta de represión indiscriminada, afectando a numerosos inocentes que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos durante su detención.
¿Justicia o violación de DD HH?
En esta investigación se documentaron 34 casos de violaciones de derechos humanos, que incluyen allanamientos y detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales, robos y desapariciones forzadas. En 100% de los casos documentados, las detenciones y allanamientos se realizaron sin orden judicial. Las víctimas sufrieron violencia y abusos bajo la justificación de una supuesta «orden presidencial».
Uno de los casos más emblemáticos es el de una joven de 20 años que fue detenida junto con una amiga mientras regresaba a su casa. Ambas fueron trasladadas a un centro de detención clandestino donde fueron abusadas sexualmente y forzadas a firmar declaraciones autoincriminatorias bajo amenaza. La experiencia de ella es representativa de los métodos de coerción y tortura utilizados por las fuerzas de seguridad.
Otro de los afectados, fue detenido cerca del trabajo de su esposa y sometido a asfixia con una bolsa de plástico, así como a golpes y amenazas, para que revelara nombres de supuestos miembros del Tren del Llano. Estos métodos de tortura no solo buscan obtener confesiones, sino también sembrar el miedo y la desconfianza en la comunidad, disuadiendo a otros de alzar la voz contra las injusticias.
Además de los casos mencionados, el informe documenta métodos de tortura que incluyen choques eléctricos, simulacros de ejecución y privación de alimentos y agua. Las víctimas describen un patrón de violencia sistemática y organizada que tiene como objetivo no solo obtener información, sino también castigar y deshumanizar a los detenidos.
Las secuelas psicológicas y físicas de estos abusos son profundas y duraderas. Muchas de las víctimas continúan sufriendo de estrés postraumático, ansiedad y depresión. La falta de acceso a tratamiento médico adecuado y apoyo psicológico agrava aún más su situación, perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento que afecta no solo a los individuos, sino también a sus familias y comunidades.
Extorsión e impunidad
En 55.88% de los casos documentados, las víctimas reportaron robos de pertenencias durante los allanamientos. Estos robos no solo despojan a las víctimas de sus bienes materiales, sino que también contribuyen a un ambiente de inseguridad y desconfianza hacia las autoridades. Los agentes de seguridad, en lugar de proteger a la población, se convierten en perpetradores de crímenes, erosionando aún más la legitimidad del Estado y su capacidad para garantizar la justicia y el orden.
La extorsión y el robo afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población, quienes a menudo carecen de los recursos necesarios para defenderse o buscar reparación. Este abuso de poder perpetúa la desigualdad y la injusticia, dejando a las víctimas sin esperanza de recuperar sus pertenencias o ver a los responsables rendir cuentas por sus acciones.
En 100% de los casos de encarcelamiento documentados, las víctimas fueron sometidas a desapariciones forzadas. Además, hubo casos en los que las víctimas fueron obligadas a incriminar a otros bajo amenazas, torturadas y trasladadas a centros de detención clandestinos, lo que ilustra la gravedad de estos abusos. Las desapariciones forzadas constituyen una violación extrema de los derechos humanos, dejando a las familias en una angustiante incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
Por otra parte, el informe revela que propiedades privadas fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad para torturar a los detenidos. Vecinos informaron sobre actividades ilícitas en estos recintos, incluyendo la contratación de trabajadoras sexuales por los agentes de seguridad.
Estos centros de tortura no solo violan los derechos de los detenidos, sino que también socavan el tejido social de las comunidades locales. La conversión de espacios civiles en sitios de abuso y terror perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza, afectando la vida diaria de los residentes y su percepción de seguridad y justicia.
Recomendaciones para el Estado
Defiende Venezuela y la Fundación InSight Crime instan al Estado venezolano a implementar reformas estructurales en las fuerzas de seguridad, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y garantizar la reparación de las víctimas. También se ha solicitado la asistencia técnica de organismos internacionales para supervisar y asegurar el cumplimiento de las normas de derechos humanos.
Además, proponen la creación de un comité independiente de investigación que cuente con la participación de representantes de la sociedad civil y expertos internacionales en derechos humanos. Este comité debería tener acceso completo a los documentos y testigos relevantes, y sus hallazgos deberían ser públicos y vinculantes para las autoridades competentes.
Asimismo, recomiendan la implementación de programas de formación y sensibilización para las fuerzas de seguridad, enfocados en el respeto a los derechos humanos y las normas internacionales de actuación policial. Estos programas deberían ser obligatorios y estar sujetos a evaluaciones periódicas para asegurar su efectividad.
Finalmente, subrayan la necesidad de proporcionar apoyo integral a las víctimas, incluyendo acceso a atención médica, psicológica y legal. Las reparaciones deben ir más allá de la compensación económica, abarcando también medidas de rehabilitación y garantías de no repetición, para restaurar la dignidad y la confianza de las personas afectadas.