Las autoridades de Uruguay imputaron a seis personas por explotación laboral de 28 migrantes venezolanos. Entre los detenidos están una funcionaria del Ministerio de Defensa de ese país, cuatro hombres y dos mujeres, que conformaban una red de trata de personas.
Los involucrados deberán cumplir medidas preventivas a la espera del juicio, con el uso de dispositivo electrónico por tres meses. Se les prohibió la salida del país y el acercamiento por un radio de 500 metros o comunicación con las víctimas, y se les ordenó la entrega de los documentos de viaje a los extranjeros, que se los tenían retenidos.
Todos tienen nacionalidad uruguaya, excepto una psicóloga venezolana, publicó el medio El País. Los delitos imputados son los de trata de personas y asociación para delinquir.
La Policía desarticuló la organización en la localidad de Artigas, donde forzaban a los migrantes a trabajar en una mina de extracción de piedras y vivir en ese mismo lugar, en condiciones infrahumanas.
La información, divulgada por Telemundo y confirmada por El País con fuentes policiales, señala que las víctimas eran captadas en Venezuela con la promesa de que llegarían a trabajar a Uruguay y les ofrecían grandes cantidades de dinero.
Sin embargo, solo recibían 150 dólares mensuales, pese a que también los obligaban a trabajar más horas de las acordadas inicialmente.
La investigación en curso está a cargo de la fiscal Sabrina Massaferro y se espera que pronto haya información sobre el caso.
«Hay que actuar con toda la firmeza»
«Son de las cosas que el Estado uruguayo tiene: los instrumentos y la institucionalidad para detectarlas y combatirlas, y en ese sentido hay que actuar con toda la firmeza y la energía», manifestó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Artigas.
Agregó que «son cosas intolerables y merecen el máximo rechazo».
Destacó asimismo que, aun con todas las reglas del debido proceso y las garantías, espera que la causa concluya con toda la firmeza que requieren situaciones de trata de personas en el plano laboral.