Pensaron que la prisión sería momentánea, como un “susto” o “escarmiento”. Pero han pasado más de 60 días y casi 100 menores de edad permanecen detenidos en Venezuela acusados de terrorismo, incitación al odio y violencia, además de ser señalados de protestar en contra de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Casi todos fueron apresados entre el 29 y el 30 de julio, aunque sus familias no supieron de ellos hasta horas después e incluso días. En esta semana, más de 20 niños fueron llevados a juicio, algunos extorsionados para “bajarles las penas de cárcel”, pero todos acusados de terrorismo. Muchos de ellos ni siquiera estaban en medio de protestas, solo se encontraban en las calles.
Las madres que viven en Caracas y el estado La Guaira introdujeron el jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la libertad de todos los niños y jóvenes. Muchos de ellos -según los testimonios- han sido golpeados.
Todos tienen defensa pública, pues el Estado no ha permitido que los defienda un abogado privado. “Nos han pedido hasta 3.000 dólares para agilizar el expediente”, dijo a EL TIEMPO un familiar, que prefirió resguardar su identidad por temor a más represalias.
Familiares exigen la liberación de menores de edad presos. Foto: Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPO
Pasados a juicio siete menores de edad detenidos
En Carabobo, la jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó el paso a juicio de siete adolescentes, de entre 15 y 17 años de edad, todos presos desde el 29 de julio. Familiares denuncian que han sido golpeados, les han sacado dientes y les han quemado las tetillas con electricidad.
También se supo que los han obligado a grabar videos admitiendo que recibieron 30 dólares por salir a protestar tras las elecciones.
Según el diario El Carabobeño, en la audiencia la jueza les ofreció que se declararan culpables y así solo pagarían una pena de seis años. Pero los menores de edad no aceptaron la extorsión, por lo que probablemente serán sentenciados.
Además de niños, también hay adultos presos. «En Tocuyito (Carabobo) hay muchachos que tienen depresión, están desnutridos y con problemas graves de salud. Algunos han intentado suicidarse y muchas madres pueden dar testimonio de ello», dijo Wendy Liendo, representante de 49 adultos apresados en La Guaira y recientemente trasladados a la cárcel de Tocuyito.
Junto con Marelys Ruiz, Liendo introdujo el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia y recordaron la detención arbitraria de ocho adolescentes en la Casa de Atención 431 en El Cementerio, en Caracas.
«Estamos dispuestos a llevar paquetería, medicinas, pero a algunos les han llevado medicinas y ni siquiera se las dan», puntualizó Liendo.
Con pancartas, consignas y gritos, madres, hermanas y demás familiares se apostaron a las afueras del TSJ, llorando por los menores de edad. La mayoría son personas de bajos recursos y solo con gran sacrificio pueden trasladarse todas las semanas a los centros de reclusión.
Menores de edad han sido obligados a grabar videos admitiendo que recibieron 30 dólares por salir a protestar tras las elecciones. Foto: EFE
Adultos inocentes y con defensa pública
A José Gregorio Pérez Maita, de 25 años de edad y exseguidor de Nicolás Maduro, lo detuvieron el 29 de julio en la noche cuando caminaba hacia su casa en Charallave, a una hora de Caracas.
“Unos sujetos encapuchados, vestidos de negro, sin ningún tipo de identificación y portando armas largas le dieron la voz de alto, él siguió caminando hasta que le dijeron que si no se detenía lo iban a matar (…) se lo llevaron detenido. Supimos de él después de 12 horas”, contó a EL TIEMPO su hermano Diego Casanova.
Pérez está detenido en el comando de la Policía Municipal de Charallave y su familia pudo conversar con él luego de 15 días preso.
Familiares exigen liberación de presos políticos. Foto: Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPO
“Él nos cuenta que cuando lo llevaron al comando policial lo golpearon y estaba el alcalde y le dieron cachetadas. Les preguntaban cuánto les habían pagado, quiénes los habían contratado para protestar”, relata Casanova con la voz quebrada y un cartel con la foto de su hermano.
“Mi hermano tiene más de 50 días preso y no nos han permitido un abogado privado”, insiste Casanova, quien se sumó al recurso de amparo introducido ante el TSJ.
El gobierno de Venezuela, a través del fiscal general Tarek William Saab, ha insistido en que los presos no son niños y que estaban participando en protestas violentas. Pero no ha dado garantías de respeto de derechos humanos para los prisioneros.
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