El gobierno de Venezuela rechazó «enérgicamente» este miércoles la prórroga por un año de la declaración de «emergencia nacional» dictada en 2015 por Estados Unidos respecto al país suramericano, que considera esta extensión como una «acción innecesaria, absurda y hostil».
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro expresó que, con esta decisión del gobierno de Joe Biden, queda «demostrado que el liderazgo decadente de Estados Unidos no está en capacidad de diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto».
Estados Unidos considera que la situación en Venezuela representa «una amenaza inusual y extraordinaria» para «la seguridad nacional y la política exterior» estadounidense, razón por la que prorrogó el decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, renovado sistemáticamente cada año desde entonces.
Venezuela aseguró en su pronunciamiento que este decreto «se ha utilizado para justificar una sostenida campaña de agresión contra el pueblo venezolano, violando toda norma del derecho internacional, constituyéndose en un caso de castigo colectivo».
«Habiendo tenido la oportunidad de corregir errores e injusticias del pasado, que incluso han afectado sus propios intereses, la Casa Blanca opta por continuar aplicando su terrorismo económico», dijo el gobierno chavista.
Biden anunció su decisión el mismo día en el que las autoridades electorales venezolanas comunicaron que las presidenciales se celebrarán el 28 de julio, un anuncio que era esperado desde hace meses y que no fue acompañado del reclamado fin de las inhabilitaciones de políticos opositores venezolanos como María Corina Machado, ganadora de las primarias antichavistas en octubre.
El gobierno estadounidense ha advertido al venezolano que no renovará el levantamiento parcial por seis meses que aplicó a algunas de las sanciones, que vence el próximo mes, si no se cumple con lo acordado para celebrar unas elecciones libres y transparentes.
La declaración de una «emergencia nacional» es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.