Elvis Amoroso Delpino
Foto: Archivo

La ONG Fundaredes expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular su invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) para los comicios presidenciales del 28 de julio.

«El país atraviesa por una situación de tensión política; ahora, cuando el (CNE) ha decidido negar la participación de la Unión Europea (UE) como observador internacional en las elecciones del 28 de julio, genera preocupación», expresó en un mensaje publicado en X.

Añadió que la presencia de veedores internacionales «es crucial para asegurar la transparencia y legitimidad» de cualquier proceso electoral.

«La observación internacional no solo refleja el compromiso de un país con los principios democráticos, sino que también fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral», agregó.

Finalmente, señaló que la decisión del CNE podría afectar negativamente las relaciones del país con la comunidad internacional, además de disminuir la confianza de los electores en la imparcialidad electoral.

 

 

El CNE anuló la invitación a la UE para el envío de una misión de observación de las presidenciales del 28 de julio debido a la ratificación de sanciones del bloque comunitario a miembros del gobierno y el partido oficialista, informó este martes el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso.

«El Poder Electoral revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la UE para que participe a través de una misión de veeduría», señaló Amoroso, a dos meses de las elecciones.

El CNE tomó esta decisión «basados» en el ejercicio de su «soberanía», y atendiendo al «incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo (por las sanciones), afectando a la salud de niños y ancianos», dijo el presidente del ente, pese a que las medidas aplicadas por la UE son estrictamente personales, por lo que no afectan a empresas estatales ni bienes públicos venezolanos que perjudiquen a la ciudadanía.

Insistió en que las sanciones impiden «el acceso a medicinas y alimentos, igualmente afecta la educación, el deporte, la economía, restringiendo a los empresarios, la adquisición de materias primas e insumos que es necesaria y que necesita la industria nacional, limitando además el ejercicio y el principio de libertad económica y su contribución al desarrollo de la nación».

Las sanciones -reiteró Amoroso- generaron «la pérdida de 125.000 millones de dólares que, sin duda alguna, estarían destinados a la inversión social», una afirmación que en ningún caso implica a la Unión Europea, que no aplicó medidas económicas al país sino a particulares, entre ellos el propio presidente del CNE, que rechazó recientemente el levantamiento de sus restricciones.


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