Fundaredes señaló que al menos 26 personas han desaparecido en las distintas minas ubicadas en el estado Bolívar desde el año 2019 y destacó que el número de víctimas podría ser mayor.
En su más reciente informe Venezolanos víctimas de desaparición forzada en minas de estado bolívar son invisibles para el estado venezolano, la ONG señaló que 18 de esas personas desaparecieron en el municipio Sifontes, que abarca unos 24.383 kilómetros cuadrados que albergan una gran cantidad de minas.
Allí, aseguró la organización, se han documentado reiterados hechos violentos propiciados por grupos armados irregulares como guerrilla de origen colombiano, bandas criminales o hampa común, y en algunos casos por funcionarios militares o policiales.
«Lo que ocurre en las minas, no solo del estado Bolívar sino también en Amazonas y Delta Amacuro, en relación con las desapariciones forzadas de ciudadanos que se han trasladado hasta las zonas mineras, provenientes de distintas partes del país en busca de mejores condiciones de vida, debe ser investigado por el Estado venezolano».
El estudio hace referencia al tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que documentó la actuación de estas agrupaciones armadas al margen de la ley en el Arco Minero del Orinoco, y la responsabilidad del Estado venezolano en los crímenes que allí se cometen «al no garantizar el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, a una vida libre de violencia y al desproteger a los pueblos indígenas».
FundaRedes afirmó que desde que los grupos armados irregulares penetraron en el Arco Minero del Orinoco los homicidios, las desapariciones forzadas de personas y la esclavitud moderna se han convertido en la cotidianidad de una población mayoritariamente indígena.
El Callao y Sucre, además de Sifontes, en el estado Bolívar, son los municipios donde se han registrado mayor número de denuncias de personas víctimas de desaparición forzada, mientras que en Amazonas, es el municipio Atabapo donde está ubicado el Parque Nacional Cerro Yapacana, «que siendo reservorio de fauna silvestre y protegido por leyes ambientales, concentra una gran cantidad de minas ilegales que destruyen este pulmón vegetal y la fauna en peligro de extinción».
La organización señaló que estas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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