Feliciano Reyna, fundador y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria, recibió el miércoles el premio Martin Ennals, en reconocimiento a su labor por los derechos humanos en Venezuela, sobre todo de las personas con VIH/SIDA, durante casi 30 años.
En el video de presentación, la fundación destacó que el activista se residenció en 1980 en Nueva York, Estados Unidos, para buscar la libertad como un hombre gay y, viviendo en esa ciudad, perdió a sus amigos y a su pareja a cauda del VIH/SIDA.
En 1994, luego de regresar a Venezuela, fundó su organización, que promueve el derecho a la salud de los venezolanos que viven con enfermedades crónicas.
El alivio proporcionado por Acción Solidaria, de acuerdo con la fundación, ha alcanzado a miles de ciudadanos carentes de alimentos y medicamentos debido a la crisis de Venezuela.
En un contexto de enormes desafíos
Reyna, días previos a recibir el galardón, dijo a El Nacional que la Fundación Martin Ennals reconoce que los activistas y organizaciones de derechos humanos trabajan en un contexto de enormes desafíos en Venezuela.
Recordó que los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela demuestran que en el país existe extrema vulnerabilidad.
Afirmó que se trata también de un reconocimiento para la acción colectiva en un contexto estructural de vulneración que requiere de la visibilización y del apoyo de la comunidad internacional ante situaciones como las detenciones arbitrarias, los casos de torturas y tratos crueles y las ejecuciones extrajudiciales. Además de la transgresión de los derechos socioeconómicos y ambientales.
El premio Martin Ennals, considerado el Nobel de los derechos humanos, lo recibió el activista en Ginebra, Suiza, en momentos en los que el régimen de Nicolás Maduro atenta nuevamente contra las organizaciones no gubernamentales.
La Asamblea Nacional electa en 2020 pretende ahora aprobar una ley para restringir el derecho de asociación y así fiscalizar su actuación y financiamiento bajo el argumento de que la sociedad civil tiene fines políticos y participa en planes de desestabilización.