El gobierno de Venezuela ha extraído este año 134.756 toneladas de desechos sólidos, muchos impregnados de petróleo, del Lago de Maracaibo, el más grande del país, en el que este miércoles aún quedan residuos y costas contaminadas por fugas de crudo.
El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, indicó a través de Instagram que estos desechos fueron recogidos desde agosto pasado, cuando el gobierno puso en marcha un plan de saneamiento del estuario, afectado por la confluencia de desperdicios, la proliferación de una bacteria llamada verdín y los frecuentes derrames de petróleo de la estatal Pdvsa.
Además de la basura extraída, el Ejecutivo ha sustituido 400 kilómetros de las tuberías que están sumergidas en estas aguas -pertenecientes a Pdvsa- por otras más flexibles «para evitar los derrames y las filtraciones en este importante reservorio de agua dulce del país», dice el mensaje.
Reverol reiteró que estos logros son «solo el comienzo» del plan, que prevé sustituir 700 kilómetros de tuberías, que el lago deje de lucir verde y recupere su tonalidad azul, así como fiscalizar a todas las empresas que operan en estas aguas.
Al respecto, el pescador José Luzardo, de 50 años, explicó a EFE que, aunque hay «partes» saneadas, el problema persiste en varias zonas, como en la que él reside, en el municipio San Francisco.
«Todavía tenemos contaminación en el lago, no hemos podido sacar un camarón», dijo el hombre que habla de orillas «totalmente perdidas en petróleo», lo que termina siendo «una barrera» para quienes intentan entrar en estas aguas.
Entre las acciones tomadas por el Ejecutivo en los últimos cinco meses destaca el despliegue de cientos de pescadores que, a bordo de sus embarcaciones, han ayudado en la extracción de plásticos.
Asimismo, trabajadores públicos y voluntarios empezaron a limpiar un total de 600 playas afectadas por la contaminación, algunas de las cuales están hoy aptas para el uso de los lugareños.
Aunque el Ejecutivo insiste en que el lago se encuentra en «excelentes condiciones», ambientalistas y pobladores creen que en el lugar se vive una «emergencia» que debe seguir siendo atendida para mitigar el impacto negativo en la economía lacustre y reducir la proliferación de enfermedades asociadas a la contaminación.