La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos de la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén. La justicia norteamericana la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en la obtención de dólares preferenciales a cambio de comisiones.
Los magistrados de la Sección Tercera consideraron, en una sentencia, que se cumplen los requisitos para proceder a la extradición de la reclamada. Los delitos por los que la señalan en Estados Unidos están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, informó Efe.
La reclamación del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida señala que Gorrín, junto con Claudia Patricia Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, participaron de 2008 a 2017 en un estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano.
A ambos los detuvieron en diciembre de 2020 durante una operación coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Estuvo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Ganaba muy bien, pero no tenía tiempo para gastar
Díaz Guillén es abogada graduada en derecho por la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Enfermería y tiene una maestría en finanzas. También fue enfermera del presidente Hugo Chávez. Pedía que no la extraditaran de España a Venezuela porque en el país no hay Estado de derecho.
La enfermera aseguró, en una entrevista al diario El Mundo de España, que no se ha robado dinero de las arcas públicas de Venezuela.
“Ni un bolívar. Ni un dólar”, afirmó Díaz en 2018, cuando aún vivía en el centro de Madrid con su marido. Agregó que sus ahorros en la banca venezolana son, debido a la hiperinflación, cinco dólares o cinco euros.
“Yo ganaba mucho dinero, pero no me daba tiempo de gastarlo. Ahorraba”, aseguró entonces. Los apartamentos que compró en Venezuela los ocupó el personal del gobierno de Nicolás Maduro.
Justificó la mayor parte de su dinero a la familia adoptiva de su esposo, Adrían Velásquez, exmiembro del cuerpo castrense y antiguo funcionario de la guardia presidencial de Chávez. Díaz Guillén también aseguró que su esposo era comerciante.
“Nosotros no hemos huido de la justicia española, la hemos enfrentado. Lo que no queremos es que nos lleven a Venezuela, un país donde no hay un Estado de derecho ni se respetan los derechos humanos”, dijo.