Por ISABEL GUERRERO
La orden fue certera. Al despacho de Juan Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), llegó la instrucción de generar un NOTAM (Notice to Airmen) relacionado con el aeropuerto de Los Roques. El aviso, dirigido a los pilotos, informó sobre las restricciones en los vuelos debido a la ejecución de un proyecto de ampliación de la pista. La comunicación oficial fue firmada por el contralmirante Aníbal Eduardo Coronado Millán, jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, jurisdicción que comprende al archipiélago.
A diferencia de gestiones anteriores, no cabe duda de que el contralmirante Coronado, el octavo funcionario desde 2011 en ocupar ese cargo, y el sexto oficial con alto rango en la jerarquía de la Armada Bolivariana, toma las decisiones en Los Roques. Coronado Millán se encargó de la jefatura territorial el 6 de enero de 2023.
Desde entonces tiene el poder, así como una línea directa con el Palacio de Miraflores de Caracas, en el que desempeñó cargos de confianza dentro del Ministerio del Despacho de la Presidencia, aparte de las dos décadas de servicio que completó como miembro de la Guardia de Honor Presidencial.
Un año después de su ascenso, Coronado ha dejado claro que echará mano de todos los recursos a su alcance, incluyendo el uso de los patriotas cooperantes –como llama la jerga oficialista a sus informantes de base, topos infiltrados y sigüíes– para imponer una obra que pone en peligro el frágil ecosistema del archipiélago, a despecho de las alertas de organizaciones ambientalistas y la preocupación de los vecinos de Los Roques.
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