El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instó este viernes a «todos los sujetos intervinientes» a acatar la sentencia que emanará, en un lapso aún sin estimar, sobre la revisión que hará del resultado electoral del domingo, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.
«Se insta a todos los ciudadanos, partidos políticos (…) a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso», dice el acta de la audiencia que fue leída frente a nueve de los diez candidatos, salvo Edmundo González Urrutia, el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura haber salido victorioso en la contienda.
Enrique Márquez no firmó la sentencia del TSJ
«Todos los candidatos, partidos políticos, Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás sujetos intervinientes en el referido evento electoral, deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sean requeridos», señala el escrito, que fue firmado por ocho excandidatos, menos Enrique Márquez -exrector del ente electoral-, quien dijo que el acto se celebró «sin ninguna transparencia».
La presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, explicó que esta audiencia responde al recurso de amparo introducido por Maduro, por el que la Sala Electoral del tribunal se compromete a «investigar, verificar y certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados de esos comicios».
Al término del acto, candidatos como Enrique Márquez, Antonio Ecarri, Javier Bertucci, José Brito y Claudio Fermín reiteraron la necesidad de transparencia y urgieron al CNE a publicar los resultados completos de las elecciones, que siguen sin conocerse, lo que viola la normativa establecida.
Con el conteo de 96,87% de las actas transmitidas, según el balance presentado este viernes por el CNE, Maduro fue reelegido con 51,95% de los votos, mientras que González Urrutia obtuvo 43,18% de los apoyos.
Sin embargo, la PUD publicó en una página web 81% de las actas electorales que demuestran que su candidato ganó los comicios por amplio margen, resultado reconocido por países como Argentina, Estados Unidos y Perú.