Samuel Moncada régimen
Foto AFP

Samuel Moncada, representante del régimen madurista ante la ONU, entregó este viernes al secretario general de esa organización, António Guterres, un informe sobre los derechos humanos en el país que supone una réplica a otro publicado recientemente por una misión internacional.

«Hoy entregamos al secretario general, António Guterres, el documento ‘La Verdad de Venezuela contra la Infamia’ con pruebas de la manipulación hecha por autores que nunca fueron a Venezuela y sirvieron a propósitos distintos al equipo de la ONU en Derechos Humanos que sí trabaja en el país», escribió Moncada en Twitter.

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, explicó el miércoles pasado al presentar el informe que ese reporte alternativo se basa en acciones judiciales de las instancias venezolanas en los últimos tres años contra violadores de derechos humanos y fue elaborado junto con activistas que defienden esta materia en el país.

«Este informe era necesario en este momento», dijo tras criticar el trabajo de la misión internacional, cuyo informe, según su denuncia, fue pagado por el llamado Grupo de Lima.

«Agresión militar contra Venezuela»

Moncada recordó que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y trabaja con un equipo aprobado por ese Consejo el 26 de septiembre de 2019.

«Hay en marcha una operación de propaganda para hacer pasar el informe de la Misión del Grupo de Lima como si fuera de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La confusión se usa para justificar agresión militar contra Venezuela y ejecutar la noción de la responsabilidad de proteger», dijo.

Informe de la ONU

La misión internacional independiente de determinación de los hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

Ese informe acusa al régimen de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

El documento también sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizadas.


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