El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó en un reciente informe que las autoridades penitenciarias en Venezuela trasladan a los presos de recinto sin tomar en cuenta las consecuencias directas en el debido proceso, protecciones y garantías judiciales, legalidad, integridad personal e incluso los vínculos con sus familiares, lo que no solo tiene un impacto en su salud mental sino también en el aspecto económico.
Pese a que en el país hay un total de 52 recintos penitenciarios, incluyendo una cárcel para mujeres y 16 anexos femeninos, con una capacidad instalada de 26.238 plazas, en la actualidad 18 de estos establecimientos se encuentran cerrados.
A finales del año 2023 intervinieron un total de 7 recintos penitenciarios y trasladaron a 8.016 privados de libertad a diversas entidades del territorio nacional. Esta situación ha provocado que más de 30.000 reclusos sobrevivan en un hacinamiento de 184.84%, lo cual se considera en riesgo crítico conforme a los estándares internacionales.
El informe de la OVP titulado “El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos” destacó que en Venezuela los presos son recluidos sin considerar la cercanía de su núcleo familiar, e incluso lejos de los tribunales que llevan sus causas. Como consecuencia de ello, los familiares deben trasladarse a varios kilómetros de distancia y tomar diferentes rutas para dirigirse al centro de reclusión.
La situación económica de muchos familiares no les permite realizar los gastos de traslado para visitar a los reclusos ni siquiera de forma mensual, por lo que miles de presos son abandonados a su suerte.
El documento también señaló que la forma en la que se llevan a cabo los traslados incumplen con las normativas de seguridad, pues existe poco personal y los vehículos usados para los traslados no están en óptimas condiciones.
El OVP documentó que los presos son trasladados a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo. Además, el Ministerio de Servicio Penitenciario no suele suministrar información al detenido, a sus familiares, a los abogados defensores y ni siquiera al tribunal que lleva la causa, violando así la legislación nacional.
Estos traslados pueden generar un fuerte impacto en la salud mental del privado de libertad, al estar lejos de su familia y enfrentarse a una nueva rutina en prisión. Cabe destacar que en Venezuela no existen programas de apoyo ni de atención integral a la salud mental en los centros de reclusión.
«Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones creemos firmemente en la necesidad de reconocer que el impacto de los traslados han traído consecuencias perjudiciales, tanto para las personas en prisión como para sus seres queridos. Se trata de daños asociados a la carga financiera, emocional y el sufrimiento involucrado por las continuas violaciones de derechos humanos, de manera que consideramos de especial importancia que se implementen políticas que cesen, mitiguen y garanticen la no repetición del daño irreparable causado», indicó el OVP.