El gobierno de Nicolás Maduro apoyó este viernes la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), una decisión que consideró «legítima y necesaria», según el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
«La salida de Nicaragua de OEA es legítima y también necesaria de cara a la defensa de su soberanía y autodeterminación. El papel injerencista del organismo mostró su peor faceta en el asedio contra Venezuela y el golpe en Bolivia. ¿Se precipita el final de la OEA? Sí», opinó Ñáñez en Twitter.
El funcionario recordó en ese mensaje la posición de la OEA cuando apoyó la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro se retiró del organismo.
El gobierno de Nicaragua denunció la Carta de la OEA y anunció su salida de ese organismo, después de que descalificó las elecciones generales del 7 de noviembre en las que se impuso Daniel Ortega para un quinto mandato.
«Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA», señaló el ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa en la sede de la Cancillería en Managua.
«Nos estamos desligando de la OEA»
Moncada dijo que por instrucción del presidente Ortega envió una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denuncian la Carta de ese organismo continental. «Nos estamos desligando de la OEA».
En el documento, Managua acusó a la OEA de incumplir, desconocer irresponsablemente y trasgredir su propia Carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas.
La decisión de Nicaragua ocurre luego de que la 51 Asamblea General de la OEA, en una resolución aprobada el viernes, considera que las elecciones generales que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».