En medio de la situación política y social de Venezuela tras las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, exembajador ante Argentina y crítico del gobierno de Nicolás Maduro, enfrenta un futuro incierto.
La reciente citación del Ministerio Público (MP) en su contra ha generado preocupación, de acuerdo con reportes y análisis de medios nacionales e internacionales, debido a que se enmarca en un contexto de persecución hacia aquellos que cuestionen al gobierno desde el 29 de julio.
El candidato presidencial de la oposición, de 75 años de edad, no compareció a las tres citas fijadas por el MP esta semana, las cuales fueron publicadas en redes sociales por el fiscal general, Tarek William Saab, quien acusa al opositor de «conspiración» y «usurpación de funciones».
Sumado a ello, el gobierno de Maduro culpó a la oposición del apagón registrado el 30 de agosto que se prolongó por al menos 12 horas. Acusación que muchos consideran una estrategia para desviar la atención de la crisis energética y económica que atraviesa Venezuela.
Aumento de persecusiones
María Corina Machado, líder de la oposición y coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, ha alertado a la comunidad internacional sobre las detenciones y hostigamientos que sufren ciudadanos, medios de comunicación y activistas que se expresen en contra del régimen de Maduro.
Tanto Machado como González Urrutia han denunciado ser objeto de amenazas con presuntas órdenes de captura por parte de la fiscalía venezolana, organismo dirigido por personalidades afectas al oficialismo.
La persecución de la que es víctima González Urrutia se enmarca en un patrón más amplio de represión gubernamental, advierten organizaciones de derechos humanos.
La ONG Foro Penal advirtió el 30 de agosto sobre un aumento de la represión por parte de funcionarios de seguridad de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales.
“Antes se detenía a un grupo de estudiantes para intimidar al colectivo estudiantil. Se detenía a un juez para intimidar a un grupo de jueces. Ahora vemos detenciones generalizadas. Hay mucho miedo. La denuncia pública disminuye un poco cada día, porque las personas tienen miedo de hablar, de denunciar (…) este ha sido un recurso que nosotros hemos utilizado siempre para que se les prestara atención a los casos”, detalló Alfredo Romero, director de Foro Penal según un reporte del diario argentino La Nación.
En los últimos años, el gremio periodístico también ha alertado que el gobierno de Maduro intensificó sus esfuerzos para silenciar a la disidencia bajo técnicas que van desde el acoso judicial hasta la censura mediática y la intimidación a reporteros e instalaciones de medios de comunicación.
Mientras que ONG como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron un aumento del flujo migratorio en las zonas fronterizas de Colombia y Brasil tras las elecciones presidenciales.
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