
Juan Martínez, dirigente sindical con larga trayectoria defendiendo los derechos laborales en Venezuela, especialmente en el sector petrolero del estado Anzoátegui, denunció que «individuos vinculados al extinto interinato se están lucrando de manera indebida» a través del Consejo de Administración y Protección de Activos (CAPA) designado por la Asamblea Nacional (AN) 2015.
Martínez, exsecretario general de Sintrasincorán, lidera desde el exilio los reclamos laborales de los trabajadores petroleros en contra de Pdvsa y del CAPA.
El sindicalista se encuentra en la búsqueda, hasta ahora «infructuosa», de la instancia creada por la AN 2015 que, según denuncias, registró ante el Departamento de Justicia de EE UU direcciones desactualizadas que conducen a edificios vacíos o inexistentes. «Esta situación agrava considerablemente la percepción pública de clandestinidad y opacidad del organismo», señaló.
–¿Cómo describe usted la situación actual del CAPA y sus acciones?
Debemos ser muy claros y francos sobre esto. El CAPA opera prácticamente en la clandestinidad. Sus miembros actúan sin transparencia, ocultándose detrás de estructuras que impiden a los venezolanos conocer con claridad qué decisiones toman y cómo las toman. Es una práctica opaca que genera mucha preocupación.
-¿Qué consecuencias tiene esta falta de transparencia?
La principal consecuencia es la imposibilidad de ejercer contraloría ciudadana efectiva. Esto les permite actuar sin rendir cuentas a nadie, generando sospechas muy fundadas sobre irregularidades y posibles actos de corrupción. En definitiva, impiden que los venezolanos puedan actuar legítimamente para defender los intereses nacionales.
-¿Cree usted que los miembros del CAPA se están beneficiando económicamente de esta situación?
Sin duda alguna, presumimos que sí. Todo indica que ciertos individuos vinculados al extinto interinato se están lucrando de manera indebida. La falta absoluta de transparencia financiera, la negativa a responder preguntas claras y directas, sumado al manejo discrecional de activos venezolanos en el exterior, es evidencia suficiente para exigir investigaciones independientes.
-Usted, como dirigente sindical, está buscando activamente al CAPA para ejercer sus derechos como representante laboral. ¿Qué resultados ha obtenido hasta ahora?
La búsqueda del CAPA ha sido absolutamente infructuosa. Las direcciones que aparecen registradas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos están desactualizadas y corresponden a edificios vacíos o inexistentes. Esta opacidad total agrava aún más la clandestinidad del organismo. Resulta escandaloso que una comisión que administra recursos del Estado venezolano esté tan deliberadamente oculta e inaccesible.
-¿Qué opina de la participación de Gustavo Marcano y Yon Goicoechea en este escenario?
Gustavo Marcano y Yon Goicoechea han desempeñado un papel particularmente preocupante. Ambos han contribuido activamente a sabotear las legítimas reclamaciones laborales de los trabajadores venezolanos. Ahora, frente al aumento del escrutinio público y la presión social, pretenden ocultarse y eludir sus responsabilidades. Esta actitud irresponsable es completamente inaceptable.
-¿Considera usted que existe una responsabilidad específica de Dinorah Figuera en este contexto?
Sin duda alguna. Dinorah Figuera, como figura destacada dentro del entorno del extinto interinato, tiene una clara responsabilidad en este asunto. Es inaceptable que no se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la correcta gestión de recursos. Su papel en permitir, o al menos no impedir, esta situación genera serias dudas sobre su actuación y exige que rinda cuentas ante los venezolanos.
-¿Qué acciones concretas recomienda usted frente a esta situación?
Primero, exigimos transparencia total. Es fundamental una auditoría independiente y pública sobre todas las operaciones realizadas por el CAPA y sus integrantes. Segundo, se debe garantizar que cualquier gestión sobre activos venezolanos sea transparente, abierta al escrutinio público y libre de influencias partidistas o intereses personales.
-¿Qué mensaje envía usted a los venezolanos sobre esta situación?
Que no permitamos que quienes deben proteger nuestros recursos los conviertan en botín personal. Es urgente reclamar transparencia, rendición de cuentas y ética en la administración pública. Los venezolanos tenemos el derecho y la obligación de actuar y exigir respuestas claras y definitivas sobre estos asuntos tan delicados para el país.
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