Por novena vez consecutiva, este miércoles 15 de enero fue diferida la apertura de juicio de los ocho ex funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana imputados por violación sexual y tratos crueles en contra de un joven estudiante, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
En esta oportunidad, se difirió el juicio por incomparecencia de dos defensores de los acusados. En las ocho oportunidades anteriores, se debió a la inasistencia de los representantes fiscales y por inconvenientes en el traslado de los detenidos.
Dentro de cuatro meses los ex funcionarios cumplirán dos años desde su detención y todavía no se ha avanzado más allá de la fase intermedia del proceso judicial. Así lo señaló la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia.
«Desde la Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano sigue obstaculizando que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país. Además, promueve la multivictimización, al imposibilitar la reparación debida y la sanción a los responsables», indica una nota de prensa.
La organización de derechos humanos insiste en que existen pruebas que demuestran la perpetración de tortura. No obstante, a los ex funcionarios solamente los juzgarán por los delitos de violación sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
«Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena», destacó la Codhez.
En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país. Este hecho está documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita al país.
«No existe una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables por parte del Estado venezolano. La Codhez exhorta a los tribunales nacionales que actúen con la diligencia esperada para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y en el resto del país», concluyó.