Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) y director general de la Red Venezolana Gente Positiva, denunció que el operativo el fin de semana en un local de la ciudad de Valencia, en el que detuvieron a 33 hombres, estuvo plagado de irregularidades.
En una entrevista con El Pitazo, Franco dijo que el inmueble donde se encontraban esas personas fue allanado sin una orden. Además, se desconoce de qué delitos los acusan.
Los aprehendidos, con edades entre los 21 a los 57 años, fueron arrestados en un local llamado Avalon Club, que funciona como un sauna en el sector Los Sauces de Valencia, por presuntamente participar en una fiesta sexual. Sin embargo, el Código Penal no establece que sea un delito las relaciones sexuales consensuadas entre adultos.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) alegó que acudieron al sitio por una denuncia de vecinos y afirmaron que los detenidos estaban grabando las acciones con el objetivo de comercializar el material.
«Lo que hemos observado hasta ahora, y según lo que nos han dicho los abogados, es que no hay delito alguno; por el contrario, a estos ciudadanos les violaron sus derechos humanos al exponerlos al escarnio público», indicó Franco.
Los funcionarios policiales publicaron fotografías y las identidades de los detenidos en una minuta policial, lo que habría expuesto a estas personas al escarnio público y a discriminación por su orientación sexual.
«Aparte de eso, se difundió información falsa o no confirmada, como que hay personas con VIH, lo que también viola la ley. Esto tiene todas las características de un ataque hacia la comunidad LGBTQ», manifestó.
Franco negó que esas personas estuvieran desnudas en el lugar donde fueron detenidas y que grabaran pornografía.
«Violaron su privacidad. Estaban en un sitio privado y tienen derecho a reunirse como comunidad LGBTQ. Esta actuación representa un peligro de volver a los años 70 y 80, cuando había persecución hacia esa comunidad», agregó.
El presidente de la ONG Humans Hands Llc, Cody Campos, dijo a la AFP que se ha rumorado que se les imputará el delito de ultraje al pudor (actos obscenos en público).
«Si la Fiscalía imputa ese delito entonces tendríamos que ir a nosotros a reclamar al fiscal general de la República porque esto sería un perseguimiento a la comunidad LGBTIQ+», apuntó.
El activista también condenó «que expusieron a las personas al escarnio público, que invadieron la privacidad revisándoles los teléfonos y las cosas que tenían y, por supuesto, el tema de la discriminación y la criminalización de la homosexualidad».
Los 33 hombres detenidos fueron trasladados el martes en la tarde al Palacio de Justicia de Carabobo. Sin embargo, no fue sino hasta pasadas las 10:30 pm que un juez decidió diferir la audiencia hasta este miércoles 26 de julio.
Entre los detenidos se encuentra el dueño del local y algunos de sus trabajadores.
En Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ lleva años luchando contra la discriminación y la validación de derechos, como el matrimonio igualitario y el cambio de la identidad de género.
Según activistas, una representante de la Defensoría del Pueblo se acercó a la sede policial para intervenir por el caso, pero le fue negada la entrada.