En una acción judicial sin precedentes, líderes sindicales de diferentes sectores presentan una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio contra Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y su junta administradora ad hoc, dirigida por Horacio Medina.
La denuncia, encabezada por destacados sindicalistas como Gustavo Rodríguez del Sindicato de Empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, José Villazana del Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio (Sutralum), Eladio Mata del Sindicato de Obreros de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y Juan Martínez del Sindicato de Trabajadores de Sincor, busca exponer un presunto «esquema de fraude y corrupción» que ha afectado a miles de trabajadores venezolanos que fueron despedidos injustamente y perseguidos políticamente desde el paro petrolero de 2002.
Los sindicalistas alegan que Medina, junto con la junta administradora ad hoc, ha sido responsable de «malversar varios cientos de miles de dólares en una campaña para criminalizar y desacreditar a los líderes sindicales».
«Este dinero, que debería haberse destinado a mejorar las condiciones laborales y a compensar a los trabajadores perseguidos y despedidos, ha sido desviado para financiar una serie de ataques difamatorios tanto en Venezuela como en el extranjero«, señalan.
Según los demandantes, se cuenta con *documentos que prueban* esta desviación de fondos, lo que representa un uso corrupto de los recursos públicos.
Contexto de la Demanda
Desde el paro petrolero de 2002, miles de trabajadores de Pdvsa y su filial Citgo han sido víctimas de despidos injustificados y de una sistemática persecución política por su participación en protestas contra el gobierno. Muchos de estos trabajadores, desde esas fechas hasta ahora, se han visto obligados a buscar asilo político en otros países, y desde entonces han emprendido procesos legales tanto en Venezuela como en el extranjero para exigir compensación por las violaciones de sus derechos humanos.
Los sindicalistas alegan que la denuncia ante el TSJ busca exponer «cómo la junta administradora ad hoc de Pdvsa, encabezada por Horacio Medina, ha interferido activamente en estos esfuerzos judiciales«.
Para los demandantes, «la junta ha desviado grandes cantidades de fondos públicos para financiar una campaña de desprestigio internacional dirigida a deslegitimar las reclamaciones legales de los trabajadores, con el objetivo de evitar que se les otorgue la compensación que legalmente les corresponde».
Juan Martínez, líder de Sincor, expresó: «Estos fondos se han utilizado para crear una narrativa falsa sobre nosotros, los trabajadores perseguidos. Se ha intentado criminalizarnos y desacreditarnos internacionalmente, todo para impedir que los tribunales en Estados Unidos y otros países tomen en serio nuestras demandas de compensación. Pero nosotros tenemos pruebas documentalesque muestran cómo han desviado cientos de miles de dólares para pagar estas campañas sucias«.
Campaña de desprestigio
Uno de los aspectos más graves revelados en la denuncia es que, para llevar a cabo esta campaña de desprestigio, Pdvsa y su junta han contratado a «individuos con antecedentes criminales» en los Estados Unidos.
Según los documentos presentados por los sindicalistas, varias de las personas contratadas para coordinar los ataques difamatorios tienen «historiales de fraude, falsificación de documentos y violencia». Esto pone de relieve no solo la corrupción inherente en el proceso, sino también la falta de escrúpulos de los responsables, quienes han recurrido a elementos criminales para destruir la reputación de los líderes sindicales en el exterior.
Gustavo Rodríguez comentó sobre este asunto: «Es indignante que Pdvsa, una empresa que se supone que debe servir al pueblo venezolano, esté contratando a criminales para llevar a cabo campañas de desprestigio contra los trabajadores. Estamos hablando de personas con antecedentes de fraude y violencia. Esto no solo daña a los líderes sindicales, sino que también mancha la imagen de Venezuela en la escena internacional.
El Papel de Horacio Medina y la junta administradora ad hoc
Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, ha sido señalado por los trabajadores como «el principal orquestador de esta trama». Medina, un antiguo ejecutivo de Pdvsa, fue designado para gestionar los activos de la empresa en el extranjero, incluidos los de Citgo.
Sin embargo, los demandantes alegan que, en lugar de utilizar esos recursos para beneficio de la empresa y de los trabajadores, «Medina ha permitido que se desvíen fondos públicos para financiar esta campaña de desprestigio, perjudicando tanto a los sindicalistas como a los trabajadores despedidos que han presentado demandas judiciales en busca de justicia».
José Villazana explicó: «Lo que está haciendo Medina es parte de un plan más grande para evitar que los trabajadores obtengan justicia. En lugar de trabajar para que se nos compensen los daños que hemos sufrido desde el 2002, ha utilizado los activos de Pdvsa y Citgo para obstruir activamente los procesos judiciales en nuestra contra”.
Interferencia en procesos judiciales internacionales
Uno de los aspectos más delicados de la demanda es la «interferencia directa» de Pdvsa y su junta en los procesos judiciales que se están llevando a cabo en los Estados Unidos y otras jurisdicciones internacionales. Los líderes sindicales afirman que Medina y su equipo han utilizado los activos de Citgo para financiar tácticas destinadas a «entorpecer y desacreditar» los casos legales en los que los trabajadores despedidos exigen compensaciones por las violaciones de sus derechos laborales y humanos.
Eladio Mata señaló: «La interferencia no es solo para dañarnos personalmente, sino para obstaculizar las demandas que estamos presentando en el extranjero. Quieren que las cortes internacionales no tomen en serio nuestras reclamaciones, creando un ambiente de desconfianza hacia nosotros. Esta es una violación clara de nuestros derechos al debido proceso».
Impacto en la imagen internacional de Venezuela
Las acciones de la junta administradora ad hoc y de Horacio Medina han tenido consecuencias devastadoras no solo para los trabajadores, sino también para la «imagen de Venezuela en la comunidad internacional». Al utilizar fondos públicos para atacar a líderes sindicales que han buscado asilo en el extranjero, considera que «se proyecta una imagen de Venezuela como un país que persigue a sus ciudadanos, incluso fuera de sus fronteras».
Esto ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y otros actores internacionales, quienes ven en esta estrategia una clara violación de las normativas internacionales de protección a los perseguidos políticos.
Juan Martínez subrayó: «Esto no solo nos afecta a nosotros como individuos, sino que afecta a Venezuela como nación. El mundo está viendo cómo el Estado venezolano, a través de Pdvsa y su junta, persigue a quienes han sido exiliados y protegidos por otros países. Esto es una mancha en nuestra reputación».
Los trabajadores estiman que la demanda presentada ante el TSJ es un «paso decisivo en la búsqueda de justicia para los miles de trabajadores que han sido perseguidos y despedidos injustamente desde el paro petrolero de 2002».
Aseguran que no solo buscan poner fin a las campañas de desprestigio que han dañado sus reputaciones, sino también «exigir que los responsables, incluidos Horacio Medina y la junta administradora ad hoc, rindan cuentas por la malversación de fondos públicos y la interferencia en los procesos judiciales internacionales».
«Este caso representa una oportunidad crucial para que la justicia venezolana restaure los derechos de los trabajadores y ponga fin a una campaña de persecución y corrupción que ha manchado la integridad de Pdvsa y del Estado venezolano en su conjunto», finalizan.
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