La Defensoría del Pueblo se declaró incompetente para atender las denuncias de los trabajadores de Ferrominera Orinoco, ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, que se encadenaron frente a la sede del Poder Judicial, en Caracas, para exigir la restitución de sus puestos de trabajo luego de haber sido separados de sus cargos de forma injustificada.
Rodney Álvarez, uno de los trabajadores despedidos, dijo en entrevista a Correo del Caroní que funcionarios de la Defensoría del Pueblo argumentaron no tener potestad para reincorporarlos a sus puestos de trabajo o exigir que los reincorporen, pero que mediarán con el ministro del Trabajo y ministro de Industrias para formar una mesa de trabajo.
El miércoles, además de Álvarez, José Pérez, Ángel Díaz y Héctor Delgado, exigieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, su mediación en torno a los casos de despidos masivos, separaciones de cargo injustificadas y desactivaciones en la estatal del hierro.
El medio señaló que desde 2018 más de 50 ferromineros han sido despedidos.
Asimismo, indicó que en Guayana, las mesas de trabajo han perdido credibilidad porque las autoridades regionales han conformado más de cinco de estas instancias y ninguna ha arrojado resultados concretos.
Ramón Sosa, especialista en derecho laboral, explicó al medio regional que la Defensoría del Pueblo es un ente que no tiene un fin coercitivo, por tanto, la instancia correspondiente para introducir este tipo de denuncias es la Fiscalía.
Estas instancias pertenecen al Ministerio Público y son la Fiscalía 63 y 78 Nacional Especializada en Defensa de los Derechos Laborales, las cuales fueron instaladas el 18 de marzo en la Gaceta Oficial Nº 42.320.
Entre las competencias de estas instancias está el desacato a la orden de reenganche de un trabajador, violación al derecho a huelga y el incumplimiento u obstrucción de actos emanados del Ministerio del Trabajo o inspectorías.
«Ahora hay unas fiscalías especiales para hacer valer los derechos de los trabajadores. La Defensoría es más un órgano conciliador, no tiene poder coercitivo. Estas fiscalías sí tienen competencia para tramitar todo lo que son desacatos y violación a los derechos laborales», dijo Sosa.