En su más reciente informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la alarmante situación de los presos en Venezuela, considerada como una de las peores de la región.
“Se han denunciado condiciones de detención deplorables, así como actos de tortura y malos tratos. Esta situación ha aumentado los riesgos para las personas LGBTI y aquellas detenidas por motivos políticos (…) especialmente tras el completo deterioro del Estado de derecho y la persecución por parte del Estado”, expone el informe de la CIDH, que fue reseñado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El documento también destaca que la falta de estadísticas oficiales actualizadas, la existencia de dos sistemas penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva son solo algunos de los problemas documentados.
Hacinamiento en las cárceles
La CIDH señaló que para 2022 había 33.558 presos en 45 cárceles de Venezuela a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, mientras que en 500 calabozos de detención preventiva permanecían alrededor de 35.000 personas en condiciones inhumanas y por períodos prolongados, a veces superiores a los 10 años.
El hacinamiento es una de las principales preocupaciones, con tasas que superan 200% en varios centros penitenciarios. Este problema, según la CIDH, puede constituir un trato cruel e inhumano, violando el derecho a la integridad personal.
Grupos vulnerables en las prisiones
Usando como referencia la información enviada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la CIDH reseñó que en 2023 las condiciones carcelarias de las mujeres en Venezuela presentaron problemáticas significativas.
“De las 2.560 mujeres privadas de libertad en el país, 82 son extranjeras, y se encuentran recluidas en espacios calificados como improvisados, con carencia de un enfoque de género adecuado. En su mayoría, las instalaciones destinadas para mujeres son anexos dentro de prisiones de hombres, lo que limita el bienestar y las necesidades específicas de las mujeres en reclusión. El hacinamiento crítico, alcanzando 187,14%, es una de las graves problemáticas, junto con la falta de asistencia médica, especialmente para las mujeres con hijos, y la ausencia de espacios adecuados para la maternidad dentro de las penitenciarias”, precisó el informe.
Además, se identificaron problemáticas específicas para otros grupos vulnerables como las personas LGBTIQ+. “Especialmente las personas trans, no binarias o de género diverso enfrentan dificultades significativas en los centros de detención, ya que los espacios no están adecuadamente preparados para alojar personas según sus identidades de género. A menudo, las personas trans se ven asignadas a centros de acuerdo con el sexo marcado en sus documentos de identidad, en lugar de ser considerados por su identidad de género. Asimismo, se conoció de la necesidad de esconder su orientación sexual o identidad de género para evitar agresiones y estigmatización tanto por parte de otros internos como por las autoridades penitenciarias, es una triste realidad”, dice el documento.
Defensores de los DD HH y presos políticos
El informe anual de la CIDH reseñó que durante el año 2023 persistió un ambiente hostil para los defensores de derechos humanos en Venezuela. Este entorno estuvo marcado por campañas públicas de difamación promovidas por altos funcionarios estatales, así como por actos de estigmatización, hostigamiento y procesos de criminalización como represalia por su labor.
“La organización Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que, entre enero y septiembre de 2023, se registraron 421 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, lo que representa un aumento de 6,31% en comparación con 2022. En términos generales, la sociedad civil sostuvo que el Poder Ejecutivo intenta construir una narrativa del enemigo interno al vincular las acciones de personas defensoras de derechos con actividades delictivas, especialmente asociándolas con el terrorismo, la desestabilización y la amenaza a la paz del país”, indicó el documento.
En torno a la situación de los presos políticos en Venezuela, el informe de la CIDH sentencia que en 2023 se siguió “observando la instrumentalización de la justicia en Venezuela para perseguir y detener a las personas opositoras o percibidas como tales, debido a la ausencia del Estado de Derecho y la cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo”.
“Entre 2020 y 2023, la Misión Internacional Independiente documentó 58 detenciones arbitrarias, de las cuales al menos 53 tendrían un carácter selectivo hacia opositores reales o percibidos. Tal es el caso de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, miembros de la oposición, profesores y otras personas que manifestaron reclamos hacia el gobierno como reivindicaciones laborales”, señaló.