Un tribunal condenó este jueves 4 de agosto a 17 personas a penas de entre 5 y 30 años de cárcel por su presunta participación en un atentado fallido contra Nicolás Maduro en 2018, cuando participaba en un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.
Entre los condenados se encuentra Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional de 2015. Recibió pena de ocho años de cárcel por el delito de conspiración, informó su abogado Joel García luego de una audiencia que se realizó en la madrugada.
Del total de condenados, 12 recibieron la pena máxima de 30 años.
Enfrentaban cargos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra Maduro, traición a la patria y lanzamiento de explosivos en lugares públicos, indicó a la agencia de noticias AFP el abogado Gonzalo Himiob, de la organización no gubernamental Foro Penal.
La sentencia se produce cuatro años exactos después de la explosión de dos drones en las proximidades de una tarima donde Maduro encabezaba un acto con militares, el 4 de agosto de 2018. Las autoridades venezolanas acusaron entonces al gobierno del saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos de planificar el atentado, en colaboración con Estados Unidos y Perú.
A Requesens lo detuvieron tres días después funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. También a una treintena de personas, entre ellos el concejal Fernando Albán, que murió en custodia en octubre de ese mismo año.
“Justicia secuestrada”
A los pocos días de su arresto, el gobierno mostró a Requesens en un video en el que admitía haber tenido contacto con uno de los supuestos implicados en el hecho. La oposición denunció que el entonces legislador había sido amenazado o drogado.
El miércoles, antes de escuchar la sentencia, el abogado de Requesens se refirió al tema en Twitter.
Captura de pantalla
“El Ministerio Público no pudo demostrar tu responsabilidad en ninguno de los siete delitos por los que fuiste acusado”, escribió García. “La jueza no tiene cómo condenarte y debes ser absuelto, pero nuestra justicia está secuestrada”.
Requesens estuvo recluido en la sede del Sebin hasta 2020, cuando recibió el beneficio de casa por cárcel. No está claro si esta medida se mantendrá.
“No existen evidencias”
Dos de los acusados, Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona, recibieron la pena máxima de 30 años de cárcel. Otro, Juan Rivas, tiene sentencia de 20 años.
“No existen evidencias que la vinculen a ninguno de esos delitos. La señora Benítez y su pareja, Yolmer Escalona, estaban prestando un servicio de taxi a personas que no conocían cuando fueron arrestados”, señaló Himiob.
Añadió que el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU declaró en 2021 que la detención de Emirlendris Benítez es arbitraria. Instó al régimen venezolano a liberarla, pero nada de esto lo tomó en cuenta el tribunal.
En el caso de Rivas, la fiscalía había consignado evidencias que lo exculpaban; sin embargo, contra toda lógica, solicitó su condena, afirmó Himiob.
Cuatro años de “pesadilla”
El general del Ejército Héctor Hernández Da Costa, de 56 años de edad, recibió condena de 16 años. “Estos 4 años han sido una pesadilla”, dijo a la AFP su hija Loredana Hernández.
Según ella, que decidió abandonar Venezuela tras ser retenida varios días en una de sus visitas a su padre, el militar también cuenta con un pedido de liberación inmediata del grupo de las Naciones Unidas.
“Pedimos un milagro, que haya justicia, lo que acaba de pasar es el más claro reflejo que no hay justicia en nuestro país”, expresó.
Solicitud de extradición de Julio Borges
La abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, aseguró que la juez ratificó la orden de captura y de extradición de Julio Borges, otro de los señalados del presunto plan para asesinar a Maduro.
La Sala Plenaria del Tribunal Supremo de Justicia dictó orden de captura contra el diputado a la Asamblea Nacional un día después de que Maduro lo acusara, al igual que a Requesens, de ser los autores intelectuales del atentado.
El máximo tribunal afirmó que existen elementos que confirmarían la responsabilidad de Borges en la comisión flagrante de varios delitos, señaló Transparencia Venezuela.
Borges está en Bogotá. En agosto de 2018, el TSJ declaró procedente solicitar a ese país la extradición.