La Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de Venezuela será el «ente de contraloría» de la actividad del sector petrolero para «erradicar» la corrupción dentro de las instituciones, informó el grupo este miércoles en una nota de prensa.
Los parlamentarios que conforman la instancia aprobaron, por unanimidad, un «acuerdo en apoyo a la acción frontal del Ejecutivo nacional en su lucha contra la corrupción», a propósito de la investigación en curso por hechos de corrupción en los sectores económico, judicial y político, por la que ya se suman 19 altos funcionarios detenidos.
AN hará contraloría tras escándalo por corrupción
«De la mano de nuestra Asamblea Nacional y el presidente Nicolás Maduro, es importante asumir una acción contralora en todas las instancias necesarias para erradicar situaciones de corrupción que se susciten», dijo el presidente de la comisión, el diputado chavista Ángel Rodríguez, citado en el comunicado.
El parlamentario insistió en la necesidad de establecer estrategias que permitan «incidir y sanear» las instituciones públicas y la industria petrolera.
«Los principales responsables de la acción de corrupción en la industria petrolera están detenidos y las autoridades continuarán con las investigaciones y que caigan todos los vinculados», dijo Rodríguez a propósito de las detenciones, entre las que destaca la del diputado oficialista Hugbel Roa, quien formaba parte de esta comisión.
Hugbel Roa
Este martes, la Asamblea de 2020 levantó la inmunidad al diputado Roa, detenido el pasado fin de semana para que sea sometido a un juicio por corrupción en tribunales ordinarios.
La medida fue aprobada por más de las dos terceras partes del Legislativo, el requisito constitucional para este trámite, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa, exministro de Educación Universitaria, a solicitud de la Fiscalía.
Además de Roa, hasta ahora, se conoce la identidad de otros cuatro de los 19 detenidos por hechos de corrupción, entre ellos del exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, además de dos jueces y un alcalde chavista.