A través de un comunicado, emitido el 26 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), emitieron un llamado urgente al Estado venezolano donde instaron a no dar su aprobación a un proyecto de ley contra las organizaciones no gubernamentales (ONG).
En la aspiración aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), se señala la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y entidades afines.
Ambas entidades resaltan que la implementación de esta normativa tendría efectos negativos. Entre ellos, «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos».
La CIDH subraya que dicho proyecto se inserta en una serie de acciones gubernamentales destinadas a controlar y restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil; así como a reducir el espacio cívico en el país.
Recordando sus acciones previas, la comisión hace hincapié en que en 2023 expresó su rechazo a la detención arbitraria de sindicalistas. Además, en 2022 exhortó al Estado a no aprobar el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional; y en 2021 manifestó su desaprobación por la “Providencia Administrativa Nº 001-2021”.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) January 26, 2024
CIDH rechazó proyecto de ley contra las ONG
La CIDH y la RELE reiteran su inquietud por el proyecto de ley. Pues “limita arbitrariamente” las actividades que pueden llevar a cabo las organizaciones sin fines de lucro.
Alertaron, además, que dicha ley les otorgará a las autoridades estatales la potestad para disolver unilateralmente aquellas organizaciones que consideren que participan en actividades políticas. También para aquellas que representen una amenaza a la estabilidad nacional y sus instituciones.
Advierten sobre el clima de hostilidad creado por diputados oficialistas; quienes, durante las discusiones del proyecto, tildaron a las organizaciones de la sociedad civil como «enemigas». También como «desestabilizadoras», «traidoras de la patria» y «fachadas de partidos», entre otros términos estigmatizantes.
Estas declaraciones, según la CIDH y la RELE, evidencian un ambiente hostil hacia las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo en Venezuela.