En Venezuela tuvieron lugar, durante enero pasado, 187 casos de «persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía». Esto según un balance del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), difundido este viernes.
De acuerdo con el informe más reciente de la organización, la cifra equivale a que cada cuatro horas persiguieron o criminalizaron a una persona en Venezuela durante enero.
Casos de persecución en Venezuela
Indicó que del total de casos computados, 94 ocurrieron contra la ciudadanía en general. La mayoría, tuvieron lugar en el contexto de las protestas de diversos sectores sociales que claman por mejoras salariales y laborales.
«A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos». Así lo aseveró la ONG.
Un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales, e incluyeron «actos de hostigamiento y amenaza» en contra de varias ONG.
Asimismo, Cepaz registró 18 «actos de criminalización en contra de trabajadores de la prensa y medios de comunicación» y nueve en contra de personas vinculadas con la política, estos últimos incluyeron cuatro «irregularidades» en procesos judiciales, tres hechos de «hostigamiento y amenaza» y dos «allanamientos irregulares».
La ONG calificó de «alarmante arremetida» la persecución registrada durante el mes pasado, e insistió en que se trata de «patrones específicos que utiliza el Gobierno de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos para, en definitiva, lograr permanecer en el poder de forma indefinida».
Recientemente, varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado con escritos y comunicaciones en contra de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiación de las ONG, aprobado recientemente por el Parlamento, y que, aseguran, «suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico», además de admitir la persecución.