El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) alertó que la política de persecución y criminalización en Venezuela se recrudece cuando la permanencia en el poder del gobierno se ve amenazada, como ocurre durante los procesos electorales.
El 28 de julio Venezuela celebrará elecciones presidenciales con 10 candidatos, incluido Edmundo González Urrutia, representando a la principal coalición opositora en el país.
Cepaz registró en el primer trimestre de 2024 un “repunte alarmante” de 71 ataques contra personas vinculadas con la política, que coincidió con la cercanía del proceso electoral previsto para el 28 de julio. En 2023 la organización documentó 134 casos.
El pronunciamiento de la organización ocurre pocos días después de la detención de cinco personas vinculadas a partidos políticos de oposición en La Guaira y Caracas.
“Desde Cepaz alertamos sobre la escalada de detenciones arbitrarias en las que el Estado no ha reconocido dicha detención, o que no informa el paradero de la persona detenida”, publicó en X.
🚨 Desde Cepaz alertamos sobre la escalada de detenciones arbitrarias en las que el Estado no ha reconocido dicha detención, o que no informa el paradero de la persona detenida
Estas detenciones forman parte de las irregularidades en torno al ejercicio de la participación… pic.twitter.com/cOXRmUa4xB
— Cepaz (@_CEPAZ) June 17, 2024
La ong denunció que estas detenciones forman parte de las irregularidades en torno al ejercicio de la participación política libre y plural, que han incluido actos como las amenazas, la vandalización de las sedes de los partidos políticos, así como inhabilitaciones políticas, la anulación de partidos y las detenciones arbitrarias.
Entre los casos documentados por Cepaz durante el primer trimestre de 2024, la mayoría estuvo dirigido a personas vinculadas a la política, 71. También hubo trabajadores de la comunicación (35), miembros de la sociedad civil (16) y representantes de organizaciones no gubernamentales (13), gremios (4) y universidades (2).
Los principales patrones aplicados fueron los siguientes: Hostigamiento y amenazas (54), detenciones arbitrarias (24), impedimentos de registrar un hecho noticioso (11), cierres de emisoras de radio (9), irregularidades en procedimientos judiciales (8), allanamientos irregulares (6) y anulación de partidos políticos (5).