Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea realizan este lunes en Bruselas su primera reunión presencial año para discutir una reacción en bloque al arresto del opositor ruso Alexéi Navalny, y analizar una agenda que también incluye Estados Unidos y Venezuela.
La reunión deberá permitir a los diplomáticos de los 27 países del bloque discutir sobre las relaciones con Estados Unidos, después de la investidura de Joe Biden como nuevo presidente.
Además, los cancilleres tendrán a posibilidad de discutir una posición consensuada sobre Venezuela, ya que la UE no reconoce la «legitimidad» del gobierno ni de la Asamblea Nacional surgida de las elecciones legislativas de diciembre pasado.
«Tendremos que tratar de una serie de cuestiones que están en la agenda, desde Venezuela a Irán», dijo la canciller de España, Arancha González, al llegar a la sede de las reuniones, en Bruselas.
Las tensas relaciones con Turquía también deben hacer parte de la agenda, pero la detención de Navalny en Rusia fortaleció las voces en la Unión Europea de los que piden la adopción de sanciones contra funcionarios del gobierno ruso.
«Creo que la Unión Europea debe enviar un mensaje muy claro y decisivo de que esto no es aceptable’, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, cuando llegó a la reunión.
Por su parte, la canciller de España dijo que Madrid «quiere enviar un mensaje muy claro a Rusia: pedimos respeto para los derechos humanos y las libertades, y la liberación de los detenidos».
Con relación a Rusia, la eventual adopción de sanciones requiere el apoyo unánime de los 27 países del bloque, y fuentes diplomáticas sugirieron a AFP que la reunión aún no tendría condiciones de llegar a un acuerdo sobre nuevas medidas.
Pero aunque nuevas sanciones parecen poco probables por ahora, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, enfrentará presiones para abandonar un viaje a Moscú programado para el próximo mes.
La UE ya impuso sanciones a Rusia por anexar Crimea, y en octubre pasado incluyó a seis altos funcionarios rusos en una lista sobre congelación de activos y prohibición de viajes por el «intento de asesinato» de Navalny.