El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó este miércoles de «sesgado» el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Electoral (MOE-UE) sobre las elecciones regionales y locales que se celebraron el domingo.
«Ya tenían el informe hecho (…) Hacen el papel de estúpidos porque esto no nos da ni frío ni calor. Lo leo para que vean lo sesgado de este informe preliminar», expresó Cabello en su programa semanal Con el mazo dando, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El político chavista aseguró que el informe de la MOE-UE es el «único que ataca» el sistema electoral de Venezuela y a los venezolanos, sin tener en cuenta las siete consideraciones por irregularidades que recoge el documento preliminar del Observatorio de la Democracia del Parlasur, al que no se refirió el vicepresidente del PSUV.
Durante la campaña, Cabello criticó constantemente la presencia de los observadores en el país, sin que apenas comenzaran su trabajo.
Cabello sostuvo que si la oposición hubiese logrado el triunfo en las 23 gobernaciones del país, la misión «hubiera dicho que en Venezuela está el mejor sistema electoral de mundo», porque, a su juicio, la jefa de la MOE-UE, Isabel Santos, vino al país a «asegurarse de que la oposición estuviera unida».
La misión presentó el martes el informe preliminar sobre los comicios regionales y locales en el que registró varias irregularidades en el proceso, aunque, pese a todo, se destacan mejorías frente a tres eventos anteriores de este tipo.
La jefa de la misión, Isabel Santos, que presentó el informe en conferencia de prensa, indicó que el proceso electoral mostró la «persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores».
Santos detalló que, entre las deficiencias, se encuentran las decisiones judiciales que han afectado a partidos políticos «al sustituir a los comités ejecutivos».
También identificó que «la campaña estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado, a pesar de que el marco legal establece potestades sancionatorias en financiación y publicidad de la campañas».
La misión observó la participación de «funcionarios públicos en actos de campaña en 16 estados, la distribución de bolsas de alimentos por parte del gobierno», así como de bombonas de gas, plantas eléctricas o bombas de agua en nueve entidades.
Sin embargo, reconoció que el actual CNE es el «más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso».
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