La nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral sigue dando pasos hacia la megaelección del 21 de noviembre en Venezuela.
Especialistas en temas electorales y actores de oposición, sin embargo, aseguran que se ha incurrido en ilegitimidades de ejercicio, que se suman a las de origen atribuidas al nuevo árbitro electoral, cuyos miembros fueron designados por la Asamblea Nacional chavista, a principios de mayo.
En los pocos más de cinco meses que quedan para la celebración de las elecciones, en opinión del expresidente del CNE, Andrés Caleca: “hay tiempo de mejorar sustancialmente las cosas”.
Pero, para ello, advirtió Caleca en conversación con El Tiempo, hace falta una negociación de alto nivel que, entre otras cosas, garantice la devolución de los principales partidos políticos de oposición a sus legítimos dirigentes, la habilitación de estos y una observación internacional robusta y adecuada. Tres de los puntos fundamentales que siguen pendientes y que podrían devolverle al país la confianza en la institución del sufragio.
Sobre lo último, este lunes, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, anunció que enviaría una “misión técnica” para analizar si existen las condiciones que permitan tener una “misión de observación” en los venideros comicios.
“Hasta que no haya aquí un acuerdo formal y además avalado por autoridades, personalidades y gobiernos democráticos, para asegurarse de que aquí va a haber un régimen medianamente legal, no se puede pensar que aquí va a haber un proceso electoral transparente, justo, y que se le dé realmente el triunfo a quien lo tenga en las mesas electorales”, le dijo a El Tiempo Ildemaro Martínez, quien también fue miembro del CNE y de su predecesor, el Consejo Supremo Electoral.
Pero, ¿qué ha hecho más recientemente el CNE y cómo lo evalúan estos expertos electorales?
EFE
Auditoría del sistema automatizado
Este lunes, el CNE anunció el inicio de la primera de 16 auditorías del sistema de votación, con la participación de 10 académicos y científicos.
Caleca destacó el hecho de que sea el rector Roberto Picón –uno de dos, del total de cinco rectores principales, que no viene de las filas del chavismo– quien esté al frente de este proceso, por su capacitación. Eso, aunado al hecho de que habilitarán a testigos de las partes involucradas, técnicos de universidades y de empresas privadas, le hace creer a este especialista que las auditorías pudieran “ser buenas”.
“Para el proceso del 6 de diciembre (de 2020, elecciones parlamentarias) se hicieron unas auditorías a este sistema de automatización que nadie sabe de dónde salió, ni cómo funciona y se hicieron vía Zoom. Ahora parece que se están haciendo bien. Veremos”, dijo.
Martínez, sin embargo, se muestra escéptico. “El sistema electoral del país es vital, de ahí depende la transparencia y seguridad de las elecciones. No se puede realizar entre gallos y medianoche y con presencia de técnicos que nadie sabe quiénes son, ni de dónde vienen”, señala. Según él, no hubo convocatoria formal a las universidades venezolanas para este proceso de auditorías.
Pero, más allá de eso, para él hay un problema de fondo que es la manera “poco transparente” en la que se adquirieron las máquinas electorales a la empresa argentina Exclé, una beneficiada con varios contratos del régimen venezolano pero, a su juicio, sin experiencia en el área electoral.
Personas con máscaras protectoras hacen fila para votar durante un plebiscito liderado por la oposición en el barrio Chacao de Caracas, Venezuela, el sábado 12 de diciembre de 2020 | Foto: Bloomberg
Investigación contra VTV
El pasado 8 de junio, el otro rector que no viene de las filas del chavismo, el exdiputado opositor Enrique Márquez, informó que solicitó el inicio de una investigación y procedimiento administrativo al canal del Estado, Venezolana de Televisión, por el uso de su programación para beneficiar directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela a través de sus programas de opinión e información.
Ese mismo día, el ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, aseguró que el canal no había recibido notificación formal por parte del CNE, y fustigó a Márquez: «Da dos pasos en falso con estas desafortunadas declaraciones. El primero de ellos: habla a título personal y pretende comprometer con su gesto mediático al Consejo Nacional Electoral. El segundo error: hablar desde su militancia opositora”.
Al día siguiente, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y quien fue señalado por Márquez de utilizar buena parte de su programa del 2 de junio, sostuvo que VTV no se ha utilizado con fines partidistas y que en su programa semanal no ha promovido el apoyo a ningún candidato. Además, planteó la posibilidad de demandar a Márquez por difamación.
En su conversación con El Tiempo, Caleca consideró que el rector Márquez, sin embargo, hizo lo correcto, aunque, al igual que Martínez, no cree que la investigación avance en el seno de un CNE que sigue siendo de mayoría chavista.
No obstante, Caleca advirtió que al no haber iniciado aún la campaña electoral, la investigación correspondería a la Fiscalía General de la República, porque se estaría cometiendo un delito tipificado en las leyes venezolanas como peculado de uso.
“Por menos de eso, en una campaña electoral en 1999, el CNE que yo presidía multó al presidente de la República con 8.000 dólares, multa que el presidente Chávez pagó en su momento, por haber utilizado el canal 8 en función de campaña electoral. Estábamos en campaña electoral y cuando hay campaña electoral ya abierta es una competencia del CNE”, insistió Caleca.
Para Martínez, lo de Márquez, quien además es vicepresidente del CNE, constituye un “saludo a la bandera” pues el problema sería mucho más grave de lo que este denunció.
“Hasta que no se cambie totalmente ese sistema de control de los medios de comunicación (por parte del régimen) no hay aquí posibilidad de que haya un proceso electoral medianamente transparente”, advirtió a este diario.
Fotografía cedida por la oficina de Prensa del Palacio Miraflores que muestra al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un acto de Gobierno en Caracas (Venezuela) | Foto: EFE/Prensa Miraflores
Actualización del Registro Electoral
El primero de junio inició un proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral, que se extenderá hasta el próximo 15 de julio.
Para ello, fueron habilitados 1.000 puntos en todo el territorio nacional, casi el doble de los que fueron habilitados para la elección parlamentaria del año pasado, para las que se llevó a cabo un proceso de registro de apenas 14 días, que fue criticado por diversos sectores de la sociedad venezolana y organizaciones, como el Observatorio Electoral Venezolano.
En este sentido, Caleca agradece que esta sea una jornada “mejor, más amplia y más duradera” que la de los últimos procesos electorales, aunque insiste en que el Registro Electoral debería estar abierto todo el año.
Sin embargo, coincide con otros especialistas como Martínez en que, lo importante es la auditoría que se haga del Registro Electoral.
Para Caleca, el Registro Electoral venezolano es “una caja negra” desde que el chavismo tomó las directivas del CNE. En un foro virtual organizado por el portal venezolano Analítica.com, este experto recordó que para 1999, el RE estaba compuesto por unos 13 millones de venezolanos. 4 años después ya tenía 25 millones de personas, de las alrededor de 30 millones que habitaban Venezuela.
“Es una situación que no se ha aclarado desde entonces”, aseguró Caleca.
Martínez lo secundó: “El problema de este RE es que ya tiene más de 20 años que no se le hace ninguna auditoría y que además no ha tenido nunca un control de calidad ni un control de las personas que ingresan en el registro, y tampoco se ha conocido cuáles son las personas fallecidas que han debido salir del RE y, por último, tenemos el problema que tenemos 5 o 6 millones de venezolanos que no están en el país”.
Aunque estos últimos no pueden participar en un proceso como el que viene, para escoger a autoridades regionales, la preocupación de Martínez es que estas personas sigan apareciendo en los cuadernos de votación sin un control en las emisiones de las cédulas de identidad.
“Si se quiere hacer elecciones medianamente transparentes, el RE tiene que ser objeto de una auditoría independiente, profunda, para tratar de solventar estas graves fallas que presenta, y yo no creo que hay ni la voluntad de ese nuevo CNE, ni existe el tiempo para que esto se pueda hacer de manera objetiva y además transparente”, lamentó Martínez.
Legalización de partidos políticos
El 31 de mayo, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, informó que 87 partidos políticos habían sido habilitados para participar en las venideras elecciones.
“Son 87 partidos que nadie sabe quiénes son”, dijo Caleca, al referirse a una ”sopa de letras gigantesca”, de partidos “sin mucha significación” y “muy pequeños”; o, como diría Martínez, “que no tienen trascendencia”.
Y mientras para Martínez esta sería una “engañifa”, para Caleca sería una “cortina de humo” que no resuelve el problema de fondo que haría que estas fueran unas elecciones realmente competitivas.
“El problema de fondo es que, en Venezuela, los más importantes partidos de oposición han sido confiscados por vía judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que les ha quitado sus partidos a sus legítimas autoridades y los ha entregado a unos traficantes de la política para que hicieran política con esas tarjetas y símbolos que no les corresponden, además de que los más importantes líderes de esos partidos están inhabilitados para competir”, insistió Caleca, para quien es el TSJ el que debe resolver esto, por haber sido quien tomó la decisión usurpando funciones del CNE.
Y para muestra, un botón: el pasado 21 de mayo, el TSJ prorrogó por 12 meses el fallo que suspende a la junta directiva del opositor Henry Ramos Allup en el partido Acción Democrática, uno de los 4 principales partidos de oposición.
“No tiene ningún interés si le devolvieron la legalidad a unos partidos, legalidad que ninguno había perdido. No tiene ninguna importancia. ¿Por qué no han entrado en considerar la situación de AD, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Copei?”, cuestionó Martínez, al referirse, entre otros, a los partidos de importantes líderes de oposición como Henrique Capriles o Leopoldo López.