Desde julio se sabe acerca de cómo la venezolana Karla Moya Boada se hacía pasar por cirujana plástica y operaba a pacientes en República Dominicana. Y el 25 de septiembre, cuando intentaba salir del país desde Punta Cana, fue arrestada por agentes de la Dirección General de Migración.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra la venezolana por ejercer la medicina de manera ilegal en República Dominicana. El veredicto será emitido por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Canal9 de República Dominicana llevó adelante una investigación sobre la venezolana. Y entre otros contactó a pacientes, víctimas de la mala praxis de la venezolana. Algunas de ellas casi pierden la vida.
El medio señaló que luego de la denuncia, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la clínica donde ella trabajaba porque no cumplía con los requisitos suficientes.
¿Quién es Karla Moya?
Moya afirmaba ser médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, no se encontró evidencia de tales estudios superiores más allá de algunos certificados y diplomas ofrecidos por casas comerciales de estética. Incluso en la investigación de Canal9 se determinó que el título, presuntamente emitido por la UCV (2008), era falso. Y, tras contactar a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica encontraron que tampoco reconocen a Moya como alguien que cursó el posgrado en cuestión.
La falsa cirujana plástica trabajó desde 2011 en el Ki Centro Médico Integral del Caribe (que la Dirección de Habilitación de Salud Pública cerró por violación de la Ley General de Salud 42-01). Y de acuerdo con sus redes sociales, Moya aseguraba ser especialista en cirugía estética, específicamente en retiro de biopolímero facial, endolifting, laserlipólisis y armonización facial. Además, ofrecía servicios estéticos referidos a la ginecología. Luego, desde este año, mudó su práctica a otro lugar: Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf).
Cemeraf, según la investigación de Canal9, es un centro médico cuestionable en República Dominicana debido a que la directora, Libni Arodi Valenzuela Matos, tiene denuncia por lavado de activos y testaferratos. En 2021 el Ministerio Público tomó todos los equipos médicos y dispositivos de la clínica, pero en 2022 medios locales reseñaron la reinauguración del centro. De acuerdo con la justicia, Cemeraf no contaba con licencia, por lo que funcionarios cerraron el establecimiento en septiembre.
