Por ISABEL GUERRERO
El Boeing 747-300M de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. (Emtrasur), un cuatrimotor que estuvo detenido durante más de 18 meses por las autoridades argentinas bajo la sospecha inicial de que cargaba contrabando, despegó hace pocas semanas, el 12 de febrero reciente, en el que sería su vuelo final, que lo llevó de Buenos Aires a un desguazadero para aviones en Miami.
La aeronave, con matrícula venezolana YV3531, arrastraba desde hace tiempo un historial controvertido. Aunque propiedad de la línea aérea estatal Conviasa, de la que Emtrasur es filial, antes había formado parte de la flota de Mahan Air, una aerolínea iraní bajo sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, que la acusaban de ofrecer apoyo al terrorismo y a la desestabilización en Medio Oriente.
La compañía persa había cedido el avión en 2021 a Conviasa, entonces también sancionada, un traspaso que Estados Unidos calificó de irregular y por el que en 2022 un tribunal de Washington DC ordenó su decomiso, finalmente logrado.
El avión, el único con el que Emtrasur contaba, aterrizó el 6 de junio de 2022 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, que sirve a la capital argentina.
Al notar que la aeronave, procedente de México y después de sobrevolar el estuario del Río de La Plata, de Buenos Aires a Montevideo y de regreso, en una procura infructuosa de combustible, había cruzado el espacio aéreo argentino con el transponder apagado (el dispositivo usado por el avión para transmitir su ubicación), las autoridades aeronáuticas locales concluyeron que algo raro había en ese vuelo.
Así se activó un protocolo de inspección que incluía la revisión de la carga, la validación del plan de vuelo y el chequeo de la lista de tripulantes a bordo.
Llamó la atención la presencia de seis hombres con pasaporte iraní entre los 19 tripulantes. El propio comandante del Jumbo Jet, Gholamreza Ghasemi, tenía lazos con la Fuerza Al-Quds, brazo armado de la Guardia Revolucionaria del régimen de los ayatolás.
Apenas unas semanas antes, el 13 de mayo de 2022, el mismo avión de Emtrasur había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este, la segunda más importante de Paraguay, en plena Triple Frontera con Brasil y Argentina, un punto caliente del contrabando y del terrorismo islámico.
Allí la aeronave recogió un cargamento con valor de poco más de 750.000 dólares con destino a Aruba, la excolonia insular neerlandesa situada en el Caribe, a pocos kilómetros al norte de las costas de Venezuela.
Estos datos se sumaban desde Paraguay a la investigación del avión retenido en Ezeiza. Las autoridades paraguayas, que colaboraban con las pesquisas, también informaron que el vendedor del cargamento de cigarrillos embarcado en mayo de 2022 en Ciudad del Este había sido Tabacos USA INC, una compañía hermana de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), el máximo productor de cigarrillos en ese país del Cono Sur, señalado de abastecer el mercado latinoamericano de cigarrillos ilegales durante más de una década.
De hecho, el Departamento del Tesoro de la administración de Joe Biden sancionaría poco después, en julio de 2022, a su dueño, el magnate Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, así como a la propia empresa, designando a Cartes como una persona involucrada en actos de “corrupción significativa”.
Las sanciones que Washington le impuso congelaron sus activos en jurisdicción norteamericana y le impiden volver a entrar a Estados Unidos.
En esta trama de múltiples y complejas capas de política internacional hay una conexión todavía más directa, distinta a la propiedad del avión confiscado, entre las empresas de Cartes en Paraguay y el régimen de Caracas.
Mundo Factory, una empresa de crecimiento exponencial que ha pasado a ser líder en algunas categorías del mercado venezolano de cigarrillos y hace importaciones masivas de productos de Tabesa, tiene a su vez, a través de su dueño, un vínculo de parentesco con la familia presidencial de Venezuela.
Más detalles en Armando.info