El 17 de marzo de 2023 Harold Sosa Padilla, entonces director de ingeniería municipal de la Alcaldía de Baruta, firmaba el inicio de obra formal que permitiría a la empresa Ludus Sports poner en práctica el comodato que había obtenido sobre el polideportivo de Santa Paula, una urbanización de clase media en las colinas del sureste de Caracas. Allí la empresa pretende construir nueve canchas de pádel.
Casi un mes después, el funcionario fue detenido en medio de la investigación penal sobre la trama de corrupción llamada Pdvsa-Cripto. Las pesquisas, que la fiscalía chavista encabezó, provocaron la renuncia del poderoso Tareck El Aissami al Ministerio del Petróleo, así como la detención en cascada de al menos 61 personas entre funcionarios públicos, exdirectivos de la estatal petrolera Pdvsa y empresarios afines al oficialismo.
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Si el boom de la construcción de torres de lujo en la urbanización de Las Mercedes destapó un presunto esquema de sobornos en torno a la concesión de permisos de construcción en el municipio, un conflicto entre vecinos y desarrolladores alrededor del polideportivo de Santa Paula, revela ahora un tejido de amiguismo y nepotismo que conduce al alcalde, Darwin González, pero también a David Uzcátegui, su especie de mentor y, a la vez, sombra política. Esta filiación, incómoda a ratos, quedó establecida desde que ambos eran concejales de Baruta y militaban en el mismo partido, el opositor Primero Justicia (PJ), de centroderecha.
🏓 La construcción de canchas de pádel en el Polideportivo de Santa Paula enfrenta a los vecinos con la empresa beneficiada. Detrás de la negociación aparece la sombra del dirigente David Uzcátegui.
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— Armando.Info (@ArmandoInfo) September 22, 2023
Hoy la disputa se ha movido de las canchas deportivas a los tribunales: Ludus Sports consiguió que el Juzgado Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a cargo de la juez Grisel Sánchez Pérez, le otorgara medidas cautelares que le permiten continuar con las obras del proyecto; a la fiscalía llegó una demanda contra la compañía y las autoridades municipales, mientras que el Consejo Legislativo del estado Miranda, controlado por el chavismo, y cuya jurisdicción abarca a Baruta, busca ganar algunos puntos en un territorio tradicionalmente opositor con un espaldarazo a los vecinos que se oponen al contrato.
La entrega a Ludus Sport, por parte de la alcaldía, de algo más de 10.000 metros cuadrados, de un total de casi 33.500 metros cuadrados que ocupa el recinto deportivo, a través de un comodato por un lapso de 15 años, soliviantó a los vecinos de la urbanización, enfrentados ahora a la compañía y a unas autoridades municipales bajo sospecha de corrupción y favoritismo por constructores privados, como los que sembraron la urbanización Las Mercedes con relucientes torres de cristal.
Por Roberto Deniz / Carlos Crespo
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