36.842 personas fueron víctimas de violaciones a la integridad personal durante los primeros 7 años de gestión política de Nicolás Maduro.
La ONG Provea detalló en un informe que desde 2013 hasta 2020 fueron asesinadas mediante tortura 76 personas. Señaló también que entre enero y diciembre de 2020 hubo 285 denuncias que incluyeron 2.727 víctimas.
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El año pasado, además, se denunciaron 19 casos de torturas que incluyeron 97 víctimas individualizadas.
La organización indicó que las medidas adoptadas por el gobierno de Maduro, en el contexto de la pandemia por covid-19, acentuaron los mecanismos de control territorial y dominación poblacional. Ninguna de las decisiones dictadas por el gobierno el año pasado incorporó una visión civilista y científica respecto a la pandemia.
“Por el contrario, la lógica empleada por las autoridades respondió a la tradicional mirada militarista basada en la agotada doctrina de seguridad nacional”, explicó.
Provea manifestó también que las violaciones de derechos humanos que ocurrieron a diario durante 2020, y que siguen ocurriendo, obligaron a los órganos internacionales a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que viene ocurriendo en el país.
En 2020 las violaciones al derecho a la integridad personal tuvieron dos focos principales: el aumento de las amenazas y los tratos crueles contra personas privadas de libertad.
“La directiva de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, con 1.000 casos de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de la empresa, que representan 36,6% del total registrado en 2020, los mandos de la acería mostraron su consonancia con la política oficial: amenazar y hostigar para evitar los reclamos laborales”, se lee en el informe.
El Ministerio de Asuntos Penitenciarios ocupó el segundo lugar con 308 víctimas.
Todas esas personas, advirtió la ONG, fueron obligadas por las autoridades del ministerio a padecer hambre, sufrimientos derivados de enfermedades sin contar con atención médica y a condiciones de insalubridad que constituyen tratos crueles.
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4 personas murieron a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. En comparación con la cifra registrada en 2019, durante el mismo período de estudio, se produjo una disminución de 82,6% en el número de muertes, siendo además el registro más bajo de los últimos 3 años.
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858 personas fueron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2020.
“Este es el segundo registro más alto de víctimas por este subpatrón en los 8 años de mandato de Nicolás Maduro, solo superado por las 970 personas afectadas durante el año 2018”, señaló Provea.
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