Al menos 123 reclusos que estaban detenidos en 302 calabozos policiales fallecieron durante el año pasado en Venezuela, de acuerdo con un informe publicado este miércoles por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
De los 123 fallecidos en esos centros de detención preventiva, 95 murieron por complicaciones de salud, 15 en procedimientos policiales de recaptura a fugados, 5 en riñas, 4 en motines, 3 por abusos de funcionarios y 1 por suicidio.
La organización aseguró en el informe que el hacinamiento en esas prisiones paralelas siguió «siendo un problema» en 2021, pese a que Nicolás Maduro ordenó la creación, en junio de ese año, de una Comisión de la Revolución Judicial del Parlamento, cuya principal e inmediata tarea era acabar en 60 días con la aglomeración de detenidos en esos centros.
Sin embargo, la ONG sostiene que la instancia no pudo, «como era de esperar, resolverlo en seis meses (junio a diciembre) y menos aún en los supuestos 60 días en los cuales debía lograrse el fin del hacinamiento en los CDP (centros de detención preventiva)».
De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, 16.595 reclusos están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10.310 personas por lapsos de 48 horas.
Estas cifras demuestran que hasta el cierre de 2021 el hacinamiento era de 161%.
Del total de la población reclusa, 92% son hombres y 8% mujeres.
Duda sobre la baja incidencia de covid-19
«Hacinados, mal alimentados, en una situación sanitaria repugnante y en espacios mínimos para la convivencia de más de cinco a seis personas por celdas, además carecen de ventilación. Esto facilita el tránsito de las enfermedades (…), pues la convivencia en estos pequeños espacios mantiene a las personas detenidas enfermas en estrecha cercanía con los sanos», dice el informe.
Esto sucede, según la fuente, en 66,56% de los centros monitoreados, y es también «una razón que nos hace preguntarnos si la baja incidencia de covid-19 es real, en particular cuando solamente 13 calabozos o CDP (4,30%) de los monitoreados disponen de personal médico interno y 8 (2,65%) tienen personal de enfermería».
«Una Ventana a la Libertad reitera que es fundamental resolver el hacinamiento porque tiene una grave incidencia en las condiciones de salud de las y los detenidos y, aunque no lo parezca, sobre la salud del personal que trabaja en estos recintos. Mientras no haya la debida atención preventiva en salud el derecho a la vida está siendo violado», agregó la organización.