La red Acción por la Vida, con el apoyo de otras 30 ONG, consignó este lunes ante la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en Caracas un manifiesto en el que pide garantizar la vida de los venezolanos ante la «ausencia de políticas efectivas» que combatan la violencia en el país.
«Están obligados constitucionalmente a garantizar el derecho a la vida de los venezolanos. El derecho a la vida, entre muchos otros, no está garantizado en nuestro país y la vulnerabilidad de los ciudadanos se ha normalizado durante décadas», dijo el representante de Acción por la Vida, José Carvajal.
En una actividad en las que unas 25 personas gritaron consignas contra la violencia pidieron «que la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim) se comprometa a reducir al mínimo la producción de balas con las que finalmente», aseguran, mueren los venezolanos y que «sean controladas al máximo».
«Que cada munición esté debidamente marcada dándole uso a los equipos que ya adquirió el Estado para este fin; que la importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y que se suspenda la venta de las mismas a particulares; que todas las armas estén bajo control», agregó.
Solicitaron también la creación de mesas de trabajo en las que participe la ciudadanía para la «construcción de los protocolos de desarme» y que «se desactiven aquellas políticas del gobierno central que incrementan la presencia de armas en mano de la población civil a través de las llamadas milicias».
Además piden la creación de «un sistema nacional de acompañamiento y reparación para las víctimas de la violencia en general, que haga hincapié en los familiares de víctimas de homicidio».
Recordó que según la última cifra ofrecida por la Fiscalía, en el 2016 hubo 21.752 homicidios, de las cuales 86,6 % fueron por armas de fuego, y que hace unas semanas cerca de la Defensoría «murió asesinado, como mueren a diario decenas de venezolanos, el cantante Evio Di Marzo, que pasó a engrosar esta marca estadística».
Además señaló que lo sucedido el fin de semana con la muerte de al menos 17 personas, entre ellos ocho menores de edad, después de que estallara una bomba lacrimógena en una fiesta de fin de año escolar en el oeste de Caracas evidencia el «descontrol» que hay.
«No hay control de las armas. Que en un club se active una bomba lacrimógena quiere decir que no hay control en ese arsenal de municiones que tiene el país», agregó.
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