Numerosas familias venezolanas que salieron de su país para buscar una oportunidad en Colombia viven ahora el drama de no tener cómo comenzar de nuevo y en algunos casos ni siquiera ganan lo suficiente para comer.
Muchas de ellas son mixtas, formadas por parejas colombo-venezolanas, que ante la crisis política, económica y social del país vecino decidieron cruzar la frontera terrestre y establecerse en Barranquilla o algún pueblo de la costa atlántica colombiana, región de donde miles de ellos emigraron en los años de la bonanza venezolana.
Silvana Méndez, que vivió 17 de sus 32 años en Venezuela, y regresó a Colombia en mayo pasado desde Valencia, capital de Carabobo, en compañía de su esposo venezolano y de sus tres hijos, es uno de esos casos.
«En Venezuela mis tres hijos estaban pasando hambre porque allá no se consigue nada aunque uno tenga dinero, pero acá también pasan hambre porque hay cosas para comprar pero no se tiene la plata», dijo a Efe.
El mayor de los hijos de Méndez tiene 14 años, el segundo cuatro y el tercero solo siete meses, y con él en brazos la mujer llegó a las puertas de la Alcaldía de Barranquilla buscando ayuda.
Su marido es venezolano y como ingresaron de manera ilegal a Colombia, él no tiene ni pasaporte así que no ha podido conseguir trabajo.
«Alcancé a registrar a mis tres hijos como colombianos y gracias a Dios los dos mayores ya están en el colegio. Ahora estoy buscando la manera meter al último en una guardería para yo buscar trabajo, porque mi marido es poco lo que gana», cuenta mientras alimenta al más pequeño.
En Barranquilla, la ciudad más importante del norte de Colombia, no hay un censo preciso de cuántas personas han ingresado desde Venezuela, pero la Personería Municipal calcula que más de 20.000 han llegado a la ciudad, lo que tiene un impacto no solamente en los servicios de salud y educación pública, sino que además ha aumentado los índices de inseguridad.
El caso de Andrea Fernández, una joven de 17 años que está en Barranquilla desde hace quince días, no es menos dramático dado que tiene seis meses de embarazo y esta alojada junto con su madre en una habitación donde «una amiga colombiana de buen corazón» que les dio posada.
Al ser menor de edad y sin ningún documento que compruebe su vínculo con Colombia, Fernández no ha podido ser inscrita en el servicio de salud para la atención de su embarazo y solo la gestión de ayuda humanitaria de la Personería ante instituciones de salud privadas le permitiría tener a su hijo en un hospital o clínica.
«Yo no tengo familiares colombianos y al papá de mi hijo lo metieron preso en Venezuela. Estamos buscando quien nos ayude con 250.000 pesos (85 dólares), que es lo que nos cobra un señor para hacernos una casa de tablas en Villa Caracas, porque quién sabe hasta cuándo nos van a dejar vivir en el cuarto de la amiga de mi mamá», expresa con preocupación.
Villa Caracas es una barriada en el suroeste de Barranquilla en donde muchas familias llegadas de Venezuela han construido sus casas con tablas y donde es un riesgo vivir porque el terreno es una ladera que puede derrumbarse.
Pero no solo en Barranquilla se viven los problemas de la llegada masiva de inmigrantes de Venezuela. A poblaciones cercanas, especialmente del sur del departamento del Atlántico, más de 10.000 personas llegaron desde el país vecino, y la mayoría son hijos de venezolanos o colombianos que retornaron luego de toda una vida allá.
Al respecto, la Gobernación del Atlántico reveló que hace una semana terminó el censo en los municipios de Campo De la Cruz, Suan, Manatí, Repelón y Candelaria e identificó que los retornados son 10.222, sin contar los venezolanos que han ingresado ilegalmente al país y de quienes no se tiene registro.
El secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, declaró a Efe que a aquellos estudiantes que son registrados como colombianos pueden inscribirse en el sistema de registro único de matrícula, pero los niños y jóvenes extranjeros no pueden ingresar en los colegios.
El secretario del Interior, Guillermo Polo, ha pedido al Gobierno nacional que se adopten medidas que permitan enfrentar una crisis que según dice, «ya no es de gestión del riesgo sino de migración y refugiados».