En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día.
Los migrantes y su derecho a pedir asilo
Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia.
“La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes.
Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza.
Faltan “formas correctas de abordar esto”
En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras.
La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba.
De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.
Por Marianela Mayer