En 1984, en pleno conflicto entre las fuerzas de seguridad de Perú y Sendero Luminoso, el ejército instaló una base cerca de las localidades de Manta y Vilca para tratar de tomar el control de la zona. Poco después, se comenzaron a denunciar violaciones de los uniformados a mujeres del lugar, algunas menores, con una impunidad que ha tardado 40 años en desaparecer.
En el conocido como caso de Manta y Vilca, un tribunal ha condenado a 10 exmilitares a penas de entre 6 y 12 años de cárcel por la violación de nueve mujeres campesinas en Huancavelica. Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal y abogado de seis de ellas, nos cuenta como estas mujeres vivieron la condena cuatro décadas después.
“El día de hoy hemos estado nuevamente reunidos con las señoras. Ellas nos señalaron una expresión, dijeron que hoy en día habían caminado felices. Esa expresión me parece que da cuenta de algo que ellas han sentido como una suerte de liberación. No es que hayan estado presas, pero sí han estado un tanto aprisionadas por una experiencia que sin duda alguna marcó su vida. En algunos casos malogró su vida, ¿no es cierto?”, explica Rivera.
“Creo que simboliza algo que no existía en el pasado de sus vidas, que el Estado las escuche, que el Estado las reconozca, que logren encontrar en la justicia un camino de reparación”, recalca.
Caso de Manta y Vilca
La naturaleza del caso de Manta y Vilca y que se condene a militares hace que para Rivera la sentencia tenga todos los elementos para calificarla de histórica: “Es una sentencia histórica, no tengo duda. En realidad, yo creo que hay varias razones. Me parece que una primera es que lamentablemente, a pesar de que la violación sexual en el conflicto armado interno de Perú había sido un dato común, una práctica recurrente, más allá de un solo caso sentenciado en el año 2016, no había ningún otro caso sentenciado, y eso daba cuenta de una situación bastante arbitraria y de desconocimiento de la existencia de crímenes sexuales en el conflicto armado”, precisa.
Además, enfatiza el abogado, “el hecho mismo de que el Poder Judicial haya emitido una sentencia condenatoria contra un grupo de militares, me parece que ese solo elemento acredita ya la importancia del caso”.
La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a cinco años de audiencias de un caso emblemático en el país suramericano por ser el primero en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada (1980-2000).
Por Manu Terradillos
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