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Se aproxima el escenario electoral con miras a renovar a los miembros de la Asamblea Nacional, con un Consejo Nacional Electoral que por mandato constitucional ejerce el Poder Electoral, renovado por el Tribunal Supremo de Justicia, tras declarar la inconstitucionalidad de la omisión del Poder Legislativo nacional o Asamblea Nacional, respecto de la designación de los integrantes de dicho consejo; todo ello ciertamente, con fundamento en los artículos 296 y 336, numeral 7 constitucional; claro está, previa una determinación e interpretación muy particular de los hechos constitutivos de la «omisión», para forzadamente subsumirlos en los supuestos de hecho de las disposiciones citadas y así poder sostener que la decisión dictada procedía conforme a derecho.
Por supuesto que los venezolanos necesitamos votar, no solo porque de esta forma ejercemos la soberanía que reside en nosotros, además de que votar concreta el ejercicio del derecho constitucional a sufragar y la participación y protagonismo de todos en ejercicio de nuestra soberanía; sino también porque estamos viviendo una grave crisis política que indiscutiblemente ha menoscabado el ejercicio y la salvaguarda de derechos y garantías constitucionales, esenciales, por mencionar solo algunas, la libertad personal, el debido proceso, el derecho a la salud, al trabajo y a la educación.
No está mal empezar por una elección parlamentaria. El problema no es la convocatoria en sí, que si es cuestionable considerando los riesgos de contagio que supone el evento electoral, de cara a la pandemia del covid-19, en un país, donde el sistema de hospitales públicos tiene múltiples, innegables y gravísimas carencias y las clínicas privadas están reservadas solo para el reducido nicho pudiente de la población.
El problema, no solo con la venidera elección sino con cualquiera que convoque el actual Consejo Nacional Electoral y con mayor razón si es una elección presidencial, es que este órgano tan importante, tan trascendental para cualquier democracia, ya antes de que el Tribunal Supremo de Justicia renovara a sus miembros, gozaba de una muy cuestionada reputación a nivel nacional, juicio negativo, incluso robustecido por opiniones de reconocidos protagonistas político foráneos: «…Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral, así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa. Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos…» (Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 25 de septiembre de 2020).
Ciertamente, la arrogancia de quienes presidieron al organismo, las denuncias de abuso de poder, la no negada e incluso impúdicamente expuesta, inclinación política y el decidido papel celestino, encubriendo, ocultando, facilitando y promoviendo por omisión, violaciones viles a la ley electoral que, con toda razón, ha estigmatizado al Poder Electoral venezolano.
Y la situación se ha agravado, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, también ilegítimo de origen, desaprovechó la oportunidad de tener un papel protagónico, hasta allí, en la solución de la crisis política que nos embarga, llevando a cabo una renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que verdaderamente rescatara, sin que hubiera lugar a ningún tipo de dudas, la independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia de aquel, simplemente convocando a la sociedad civil, a las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y al Poder Ciudadano, a que postularan candidatos que estuvieran realmente dispuestos a aportar para poner punto final a la diatriba política.
Cabe destacar que diferentes organismos internacionales han solicitado no llevar a cabo dichas elecciones o prorrogar la fecha de su realización, pero estamos claros que postergar una fecha, no legitima lo que es írrito desde su origen.
Aún hay tiempo, falta voluntad política. Es inverosímil que los genuinos representantes de la rancia dirigencia que gobierna el país, no estén verdaderamente dispuestos a renunciar a su egoísmo y pensando también en la gran mayoría del pueblo, en sus necesidades, se dispongan entonces a no seguir repartiendo migajas, miseria, hambre y que por el contrario inviten a los demás actores políticos de toda la oposición, sin insultos, sin dobleces, a concretar el cambio radical de rumbo que todos necesitamos, para encarnar el preámbulo de la Constitución vigente y «…establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna…».