El régimen de Venezuela pretende convencer al mundo y, especialmente, al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea, que la situación del país ha mejorado. Pero, diversos informes lo desmienten. En efecto, no cesa la represión política y la crisis económica no se supera. Las cifras lo confirman: el monto del PIB (2021) es de 42,5 millardos de dólares y el del PIB/per cápita 1.685 dólares; y la inflación acumulada hasta julio 2022 fue de 48,4%. Además, no existen condiciones para el normal desenvolvimiento social. Lo señala el registro sobre “el Estado de Derecho en el mundo” de World Justice Project.
La suspensión de los envíos de petróleo y de gas a Europa por parte de Rusia, en respuesta a las sanciones que se le impusieron por su violenta agresión a Ucrania, ha llevado a algunos a pensar que los gobiernos democráticos del viejo continente buscarán en cualquier lugar las cantidades de hidrocarburos que ahora faltan. Y entre esos está Venezuela, cuyas reservas certificadas (a pesar de ciertas dudas) se consideran las mayores del mundo. Parecieron confirmarlo las gestiones de algunas empresas y las conversaciones del gobierno de Estados Unidos con Nicolás Maduro en Caracas a fin de obtener autorización para que algunas corporaciones americanas (es el caso de Chevron) puedan operar en el país. Se da por entendido que Pdvsa no puede hacerlo: según la OPEP su producción de petróleo fue de 533.968 b/d en octubre pasado, con tendencia decreciente. Y la de gas no cubre siquiera la demanda interna.
Pdvsa no ha podido en esta ocasión suministrar el petróleo (tampoco el gas) que exigía el mercado porque perdió su capacidad productiva. Fue proveedor seguro en crisis anteriores (como en 1979 o en 1991) y supo internacionalizar sus actividades. Pero ahora sus cifras son casi insignificantes. De 3.329.096 b/d en 1998 pasó a cerca de 500.000 b/d en 2020. Esa caída, en la que arrastró a la economía nacional, fue consecuencia de la conversión de la empresa en instrumento político del régimen y caja de enriquecimiento de sus dirigentes. Cientos de millardos de dólares fueron desviados de las cuentas de la corporación, como quedó demostrado en los juicios que han tenido lugar en varios países contra sus antiguos funcionarios. Ahora, cuando Venezuela continúa sumergida en la crisis, se intenta mejorar la imagen, para aliviar las sanciones que afectan a personas ligadas al poder, lo que en nada beneficia a la población.
La campaña para mejorar la imagen del régimen venezolano no ha tenido el efecto deseado por sus promotores porque cada día son más graves las denuncias en su contra. A la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de proceder al enjuiciamiento de Nicolás Maduro, se han sumado en estos últimos meses las observaciones recibidas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el Examen Periódico Universal sobre la violación de tales derechos en el país (26 enero), el Informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela de las Naciones Unidas (26 de septiembre) y la exclusión de Venezuela del mencionado Consejo de la ONU, posición que aspiraba mantener (11 de octubre). A esos actos se agregan las denuncias contenidas en los informes correspondientes a 2022 de reconocidas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos.
Todas esas manifestaciones han contribuido a mostrar la realidad y a desmentir la vigencia de los derechos humanos y el funcionamiento regular de los servicios públicos. El Informe de la Misión de la ONU afirma: «existen motivos razonables para creer que los crímenes descritos … han sido cometidos dentro de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil». Tal vez, el mayor desmentido de la campaña oficial lo ofrece la emigración masiva, pues nadie se va de donde vive bien y espera mejorar. La huida de los venezolanos continúa: son ya 7.100.000 según la Acnur. Ahora invaden el mundo (no solo América Latina donde se acumulan 5.960.556): más de medio millón en Estados Unidos y casi 1 millón en Europa (más de 400.000 en España). Según la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea el número de venezolanos solicitantes de asilo aumenta: 3.665 en julio pasado (118,2 cada día).
Uno de los estudios más apreciados (por su imparcialidad como por la metodología empleada) procede de una ONG privada, independiente de gobiernos, iglesias y empresas. Es conocida por sus siglas WJP (World Justice Project). Elabora cada año un «Índice del Estado de Derecho» (Rule of Law Index) en el cual se señalan los progresos o retrocesos de los distintos países (140 en el de este año). Acaba de aparecer el correspondiente a 2022. Y muestra la situación venezolana: aparece en el último lugar (140) por debajo de países que atraviesan circunstancias extremadamente difíciles (como la guerra o fenómenos naturales catastróficos): Haití (136), R. D. Congo (137), Afganistán (138) y Cambodia (139). El estudio revela que la puntuación disminuyó con relación al año anterior (de 0,27 a 0,26) por el desmejoramiento de las condiciones, aunque la posición no varió porque ya ocupaba el último lugar (desde 2015).
Ese estudio toma en cuenta 8 “factores” para determinar el grado de vigencia del derecho en los distintos países: desde los más ricos hasta los más pobres, desde los más poderosos hasta los más débiles, desde los más desarrollados hasta los más atrasados. Esos factores son: existencia de controles (oficiales o no) al poder gubernamental, ausencia de corrupción (sobornos, influencias inapropiadas, desvío de fondos), apertura del gobierno (participación popular, información, rendición de cuentas), vigencia de los derechos fundamentales (reconocidos universalmente), garantías de orden y seguridad (de personas y bienes por la sociedad y el estado), cumplimiento normativo (equitable y eficaz), calidad de justicia civil (imparcial, accesible, eficiente) y de la justicia criminal (jueces y sistema penitenciario). Así, diversos elementos medibles se utilizan para determinar la puntuación que corresponde a cada país en cada uno de esos factores. No responde, pues, a una valoración subjetiva sino objetiva de la situación.
Venezuela es el país peor valorado en el “Índice del Estado de Derecho” del WJP. Como ya se dijo, en la puntuación global aparece al final de la tabla; pero, se le atribuyen notas muy bajas en todos los aspectos que se analizan, lo que muestra su crisis institucional. Es último (140/140) en cuanto a la falta de control del poder del Estado, en el cumplimiento del sistema normativo y en cuanto a la calidad de la justicia criminal (tanto con relación a los procesos, como a la condiciones físicas y de funcionamiento de los establecimientos penales). En todos los otros factores que se toman en cuenta figura en los últimos lugares: 130/140 en corrupción, 137/140 en apertura gubernamental, 136/140 en respeto a los derechos fundamentales, 132/140 en falta de garantías de orden y seguridad y 139/140 en calidad de la justicia civil. Esa situación empeora año a año.
Dentro de las grupos en los cuales se le analiza, Venezuela ocupa los últimos lugares. Entre los países de ingresos medios altos (donde destacan Costa Rica y algunos del Caribe) aparece en el lugar 42/42 por detrás de Guatemala, México, Turquía y Gabón. Y entre los países de América Latina su posición es la misma: 32/32 por detrás de Honduras, Bolivia, Nicaragua y Haití. La clasificación está encabezada por Uruguay, Costa Rica y Chile. En la región Venezuela figura en el último lugar en casi todos los factores considerados. Sólo en cuanto a garantías de orden y seguridad adelanta a Haití y en corrupción a México, Bolivia y Haití. Los resultados del estudio de World Justice Project confirman lo que han señalado informes recientes de instituciones internacionales tanto de carácter estatal como de orden privado atrás mencionados. Todos ellos llaman la atención sobre el empeoramiento de la situación.
Venezuela fue durante décadas (1958-1999) una sociedad democrática que logró avanzar hacia el desarrollo económico y social. Exhibía algunas de las mejores cifras de América Latina (por encima de las de ciertos países europeos). En algunos aspectos superaba a otras que antes habían iniciado procesos de transformación. Fue “tierra de gracia y promisión” hasta que se levantaron fantasmas y duendes con resabios del pasado. Entonces, gran parte del esfuerzo se perdió. Ahora figura entre los países peor calificados. Sobre todo en la realización de una aspiración natural de los seres humanos: vivir en libertad bajo el imperio de leyes justas.
* Profesor de la Universidad de los Andes (Venezuela)
Twitter: @JesusRondonN