Venezuela bajo el signo del terror

Con fecha de finales de agosto se presentó el informe «Crisis poselectoral y de DD HH 2024 en Venezuela» elaborado por Derechos Humanos en Venezuela en Movimiento, que reúne a  “organizaciones de derechos humanos nacionales que se abstienen de firmar, con su nombre, un reporte unitario sobre la situación de la dignidad humana”.

Los autores admiten que es posible que sea un ejercicio de trabajar en condiciones de clandestinidad. “El clima de terror, explican,  impuesto por las autoridades luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 ha ocasionado que el trabajo de las ONG, basadas en la fórmula de las ‘Tres D’ (documentar, denunciar y difundir) se haya tenido que limitar, en condiciones adversas, casi exclusivamente a documentar”.

En la apertura del extenso texto se recuerda, como un homenaje a una tarea histórica ya realizada en Venezuela y que se creía definitivamente superada, al libro editado por José Agustín Catalá en 1952 –Venezuela bajo el signo del terror– que dio a conocer los atropellos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez: censura, tortura, víctimas, campos de concentración “y la valerosa conducta de la resistencia”.

La democracia aún se conquistaría seis años después, el 23 de enero de 1958, pero no para siempre como lo atestiguan los padecimientos de los venezolanos de hoy, 70 años después, sometidos a un estado de indefensión total, con millones y millones de exiliados, pobreza, desigualdad, persecución política y desconocimiento flagrante de la voluntad popular expresada el 28 de julio.

Como aquella documentación de Catalá (1915-2011, periodista, editor y autor), conocida como el “Libro Negro de la dictadura”, esta de 2024 de Derechos Humanos en Venezuela en Movimiento expone un tiempo de oscuridad y de dolor del que quizá ya no tenía memoria la mayoría de los venezolanos. “Este reporte es una continuación de aquellos anhelos de democracia y dignidad para todos los venezolanos”, apunta el informe.

El texto registra todo o casi todo del último año y medio en Venezuela, desde antes de ponerse en marcha el calendario electoral -sin que falten referencias a señalados momentos anteriores que advierten de la conducta antidemocrática de quienes se mantienen en el poder-, el despliegue amenazante de la “furia bolivariana” para ir “contra los traidores y los vendepatria”, las inhabilitaciones políticas (hasta 19), el bloqueo de otras candidaturas, el cierre de los espacios cívicos, el ataque a las organizaciones no gubernamentales, el ventajismo electoral, hasta la fecha de las votaciones y todo el proceso posterior marcado por la represión, el despropósito y el desvarío, el asesinato de 24 personas (con sus nombres y detalles), la encarcelación arbitraria y las desapariciones forzadas.

Entre las conclusiones del informe, queremos destacar las siguientes:

* La actuación de las autoridades luego del 28J ratifica la continuación de la comisión del delito de persecución política en Venezuela, calificado como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma (…) Al respecto, hay suficientes evidencias para determinar las responsabilidades de la cadena de mando.

*El uso del temor generalizado como mecanismo de control social caracteriza, además, la actuación de las autoridades como “Terrorismo de Estado”, actualizando una manera de reprimir que había tenido protagonismo y características propias durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX.

*21,7% de los artículos de la Constitución, relativos a derechos fundamentales, han sido derogados por la vía de los hechos. En Venezuela, los diferentes poderes actúan de facto, aplicando un estado de excepción por la vía de los hechos. Por ello el TSJ, la Fiscalía y la Defensoría como instituciones ya no pueden ser las encargadas de dirimir los conflictos internos en el país, para lo cual se necesitaría la participación de terceros, árbitros internacionales independientes, que generen confianza tanto a las partes como al propio proceso.

*La evidente parcialidad política e ideológica de los funcionarios encargados de la seguridad ciudadana, y las prácticas generalizadas de extorsión en contra de la ciudadanía, especialmente de los sectores de la población identificados como “opositores”, ha transformado las políticas públicas de mantenimiento del orden en una práctica de dominio y coerción militar y policial del territorio venezolano, cuya principal motivación es el mantenimiento del poder, generando condiciones para la extorsión y chantaje de los afectados.