La farsa de juramentación de Maduro ha sido, simplemente, la concreción del golpe de Estado escalonado que la pandilla gestó desde 2013. Es un golpe de Estado contra la Constitución, contra la institucionalidad y las leyes. Se empezó a generar, abiertamente, en diciembre de 2015 con la elección de los magistrados “exprés”, se concreta con el desconocimiento de los diputados del estado Amazonas, el cerco puesto a la Asamblea Nacional impidiendo el ejercicio de sus funciones constitucionales, las elecciones posteriores, con todo el ventajismo y fraude evidente, eligiendo a Maduro en 2018, la Asamblea Constituyente y Asamblea Nacional. No entregar el poder estaba decretado por la pandilla cívico-militar gobernante cuando sus voceros principales proclamaban que no lo cederían “ni por las buenas ni por las malas, si gana la oposición habrá un baño de sangre”. La dictadura advertía que no entregaría el poder.
De manera que, la continuidad de Maduro estaba garantizada por la fuerza de las armas. Se sabía que Maduro y la cúpula continuaría gobernando. El acto de juramentación no era más que una comedia, como en efecto lo ha sido. Una gran bufonada, en la cual asistieron sus acólitos más cercanos y los dictadorcillos de Cuba y Nicaragua. Ha sido una parodia con limitada audiencia y con abucheo generalizado interna e internacionalmente.
Maduro y sus secuaces han usurpado las funciones del Estado, No solo es Maduro, son también todos los altos funcionarios que conforman la cúpula: Padrino López, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y el Alto Mando Militar. Hay usurpación cuando ilegítimamente se ejerciere actos propios de una autoridad. Maduro es ilegítimo porque fue derrotado en forma aplastante en las elecciones del 28 de julio de 2024; sin embargo, con el apoyo de las bayonetas, desconoció la soberanía popular manifestada mediante el voto. Esto fue la culminación del golpe de Estado que venían desarrollando. Este comportamiento viola importantes disposiciones constitucionales, entre ellas, los artículos 5, 7, 228 y 231.
Con la bufonada del día 10 de enero, el cual se juramenta a Maduro como presidente, se concreta el delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 213 del Código Penal. La acción típica de este delito es ejercer funciones ilegítimamente. EGU es el presidente elegido, acuerdo al artículo 228 constitucional tenía que ser proclamado como presidente y asumir la presidencia el 10 de enero acorde con el artículo 231. EGU es quien tiene la legitimidad de origen por mandato constitucional artículos 5 y 228. Maduro es ilegítimo porque no ganó las elecciones, fue derrotado contundentemente por EGU. Al ser juramentado Maduro este usurpa las funciones en complicidad con los poderes públicos participantes en esa farsa antidemocrática. Debe señalarse, también, que en el delito cometido concurre el elemento subjetivo. pues, concurre la intención de obrar suplantando y falseando el sustento dispuesto en la Constitución y las leyes.
Han cometido el delito de usurpar la dirección del Estado, no podrá representarlo válidamente. En este delito hubo concurrencia y concertación de los diferentes mentes o factores de poder del Estado, por lo que estos funcionarios con coautores del delito de usurpación, tampoco podrán representar al país. En la configuración del delito, se da el elemento objetivo, del tipo penal, dado que se han realizado actos propios de la autoridad usurpada, se da el elemento subjetivo constituido por la asunción de la función pública, con complicidad y concertación delincuencial. La Constitución dispone en el artículo 138 que toda autoridad usurpada es ineficaz y nulos sus actos.
Conocemos, así ha sido reconocido por múltiples países, que EGU es el presidente electo y a quien le correspondía legítimamente juramentarse. No ha sido posible porque la dictadura con las armas empuñadas ha impedido la vía constitucional. Esto coloca a la pandilla cívico-militar en situación de desacato a la supremacía constitucional, abre el camino a que todo ciudadano, investido o no de autoridad, esté en derecho a exigir la vigencia de la Constitución. Llamar a la vigencia de la Constitución, no es conspiración ni incitación odio y violencia, es un derecho ciudadano.
MCM y EGU, al igual que millones de venezolanos, confiábamos que sectores institucionalistas de las fuerzas armadas exigieran a sus jefes que se respetase la Constitución. Pensábamos que ese 68% de militares que votó contra Maduro asumiese una posición de dignidad profesional y patriótica oponiéndose a esa vulneración grosera de la soberanía popular. No ha sido así.
Creemos que los venezolanos debemos mantener la unidad y continuar la lucha, tal vez, como el ave fénix, surjan militares entre las cenizas que den la cara por la institucionalidad de las fuerzas armadas y acompañen al pueblo en su grito de libertad. Más temprano que tarde esta dictadura caerá y deberán ser juzgados, unos por su responsabilidad directo, otros por su complicidad. La justicia llegará ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Correo [email protected]
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