EFE/ Ronald Peña R.
«En el régimen absoluto, el poder autorizado no tiene, no admite límites. La voluntad del déspota es la ley suprema» SIMÓN BOLIVAR
El terrorismo de Estado es la utilización de métodos ilegales de carácter clandestino por parte de un Estado, con el fin de causar cambios económicos y sociales estructurales, en un lapso de tiempo relativamente corto.
El concepto tuvo su origen en Argentina entre 1983 y 1984, en momentos que la última dictadura era desalojada del poder y los crímenes de lesa humanidad sistemáticamente cometidos en su transcurso, por orden de las máximas jerarquías del Estado, bajo el amparo del Poder Judicial, comenzaban a ser revelados a la opinión pública.
Su origen fue la expresión «Estado terrorista» creado por Eduardo Luis Duhalde como título de su libro El Estado terrorista argentino publicado en 1983. De allí derivó el concepto de «terrorismo de Estado», ampliamente aceptado posteriormente.
Se afirma que -contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan- no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas, que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendas torturas por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo.
El jurista Ernesto Garzón dice que el terrorismo de Estado es: «Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder».
La Enciclopedia Encarta define el terrorismo de Estado como el ”uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población«.
Una aproximación al tema es señalar que el monopolio de la fuerza pertenece al Estado para poder cumplir sus fines, pero con la obligación de usarlo de acuerdo a las leyes, por lo cual, ”cuando un Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.
El uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial, son acciones consideradas como terrorismo de Estado.
Todo lo anteriormente señalado, configura un doloroso drama que se vive en Venezuela en estos últimos años, en los que el régimen ha perpetrado infinidad de hechos que atentan contra la dignidad de personas civiles y militares, a quienes se les viola sus más elementales derechos humanos, lo cual constituye un delito de lesa humanidad, por lo que en la Corte Penal Internacional han sido consignadas mas de mil casos, en espera de la decisión del máximo tribunal de la justicia mundial.
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