Tarek William Saab ordena detener a niños, adolescentes y educadores 

Por equipo editorial

Luego de unos lamentables hechos ocurridos con unos adolescentes en un liceo de El Hatillo, estado Miranda, y que culminó parcialmente con un estudiante herido y varios detenidos, el aún «fiscal» general de la República, Tarek William Saab, en un afán sin precedentes por lavar el rostro del madurismo, ha desatado otra persecución, esta vez para encarcelar a directivos y docentes.

En efecto, el susodicho fiscal, quien posterior a las elecciones del 28 de julio, convertido en verdugo, violando la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, así como los tratados suscritos por Venezuela como la I Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), encarceló a más de 100 de estos, a quienes llegó a imputar de «terroristas», y peor, en tiempos de injusta reclusión, los aislaron de sus familias y los llevaron a centros de reclusión para adultos, lo cual colocó al madurismo en clara violación de derechos humanos, y máxime siendo normativas contra niños.

Tarek William Saab, convertido en instrumento del madurismo para el amedrentamiento y la persecución política, llegó al extremo de hasta ignorar cartas escritas de puño y letra de los adolescentes que fueron encarcelados, donde ellos llegaron a manifestar que preferían el suicidio o la muerte que continuar recluidos siendo inocentes, situación que incluso fue condenada por organizaciones de derechos humanos como la ONU y Human Rights Watch, y otras de importante trayectoria como Provea, sin obviar a figuras internacionales y expresidentes de varias naciones.

Adolescentes a quienes se les violaron todos sus derechos, alimentación, salud y educación, fueron parte de una perversa componenda con el actual «ministro» Héctor Rodríguez, quien jamás pidió la liberación de ellos y mucho menos reunirse con sus representantes en tan infeliz situación, mientras hipócritamente enviaba mensajes a los padres de que enviaran a sus hijos a clases y exigía a los docentes que «respetaran sus derechos». ¡Insólito!

Y es que luego de tantas protestas y reclamos dentro y fuera del país y con más de 4 meses encarcelados en la mayoría de los casos, los adolescentes detenidos después de las elecciones fueron liberados, no sin antes sufrir daños, físicos, biológicos y psicológicos, tanto ellos como sus familias, lo que revela el trato perverso de un régimen que solo se ha dedicado a la persecución política y social de la población.

Ahora, el fiscal, como si no bastara semejante acción en su hoja de vida, suceden unos hechos de violencia entre adolescentes de un liceo oficial que está ubicado en El Hatillo, estado Miranda, y luego de encarcelar a un grupo de ellos -esta vez, según sus declaraciones, en sitios especiales-, y dar unas seudoexplicaciones, que no solo violan la Lopna o los propios tratados internacionales de niños, buscando «culpables», asegura que imputará por «omisión» a la subdirectora y a algunos docentes de tal institución, lo que vuelve a violar derechos humanos, porque ningún directivo o educador puede ser responsable penalmente por acciones ajenas.

Verbigracia, según la justicia y jurisprudencia «revolucionaria», resulta que lo que realicen otros en una escuela o liceo como acto de violencia, aunque sean adolescentes, será responsabilidad penal de directivos o profesores, lo que se convierte en otra aberración que demuestra cómo el objetivo final es perseguir a estudiantes y docentes, y por ende, ver también a un «ministro» disfrutando del miedo y el terror contra el magisterio.

La crisis educativa en Venezuela es responsabilidad absoluta del madurismo y su ministro. Cualquier acción que sea violatoria de la Lopna por parte de adolescentes jamás podrá ser imputada a los educadores. Es parte de la ignorancia de un fiscal que solo cumple órdenes de los verdugos.

¡Basta de la persecución política!